Julia Pérez, empleada doméstica de la madre del senador de Montecristi, ha sido señalada por la Policía Nacional como cómplice en un atraco ocurrido en Santiago. Según las investigaciones, Pérez habría actuado en conjunto con otro individuo aún prófugo, facilitando el acceso a la residencia donde ocurrió el robo. El caso ha generado controversia y seguimiento mediático, debido a la cercanía de la víctima con una figura política y al perfil de la acusada.
A pesar de los señalamientos policiales, un juez decidió no imponer prisión preventiva a Julia Pérez. En su lugar, se le dictó como medida de coerción la presentación periódica ante el tribunal. Esta decisión ha causado indignación entre los familiares de la señora atracada, quienes esperaban una sanción más severa dado el impacto emocional y material del crimen.
Por su parte, el defensor público Juan de Dios, quien representa legalmente a Pérez, sostiene que su clienta no representa peligro de fuga y que su vinculación directa con el hecho aún debe ser probada. El caso sigue abierto mientras las autoridades trabajan en la localización del segundo implicado. La opinión pública sigue de cerca el desarrollo del proceso, en espera de que se determine con claridad el grado de participación de cada involucrado.
