La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana ordenó una investigación formal sobre la decisión de la jueza Aritida Mercedes, quien otorgó libertad pura y simple a cinco ciudadanos venezolanos vinculados al decomiso de un cargamento de 359 kilogramos de cocaína. La medida ha generado fuertes críticas en la opinión pública y en sectores del sistema judicial y de seguridad nacional, que cuestionan la falta de consecuencias en un caso de alto impacto relacionado con el narcotráfico internacional.
El presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, instruyó a la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial a profundizar en los fundamentos jurídicos de la sentencia y entregar un informe detallado. “Esta decisión daña la credibilidad del sistema judicial y envía un mensaje peligroso en la lucha contra el crimen organizado”, señalaron voceros de la Fiscalía. Diversas instituciones han manifestado su preocupación, mientras que se exige transparencia y sanción, de ser necesario, para evitar que casos similares socaven el estado de derecho.
La población también ha reaccionado con indignación, expresando su descontento en medios y redes sociales. Opiniones recogidas en la calle reflejan frustración por lo que muchos consideran una justicia desigual. “Si fuera uno de nosotros, estuviéramos presos sin ver la luz del sol”, comentó un ciudadano entrevistado. Mientras se esperan los resultados de la investigación, el caso se suma a una creciente lista de decisiones judiciales que despiertan sospechas sobre la independencia y firmeza del sistema de justicia dominicano.
