La medida de coerción contra un general retirado del Ejército, que mató a un presunto delincuente tras ser brutalmente atracado en su residencia en el sector Los Mina, será conocida hoy a las seis de la tarde. El hecho ha provocado una ola de reacciones, particularmente entre miembros activos y en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes denuncian un trato injusto por parte del Ministerio Público. El general, quien resultó herido durante el atraco, disparó con un arma larga luego de que los atacantes lo despojaran de su pistola de reglamento, una Sig Sauer de alta potencia.
Periodistas del programa Hoy Mismo analizaron el caso y revelaron que la Fiscalía, encabezada por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, había solicitado que el militar fuera enviado a la cárcel de Najayo como un civil común. Sin embargo, gracias a la intervención del jefe del Ejército y del director de la Policía Nacional, se logró que fuera trasladado a una prisión militar, conforme al protocolo establecido para miembros de cuerpos castrenses. El sector militar considera que se está violando el debido proceso y que se ignoran atenuantes clave, como el hecho de que el general fue atacado en su propia casa y que actuó en legítima defensa.
Los comunicadores advirtieron que una prisión preventiva en este caso enviaría un mensaje peligroso a las fuerzas del orden: que incluso defenderse personalmente ante una agresión puede ser penalizado. “¿Qué señal se da cuando un general herido, desarmado, en su casa, es tratado como un criminal?”, cuestionaron. Aunque reconocen que los hechos deben ser investigados a fondo, piden que se respete el tratamiento especial que merecen los militares en retiro. “El Ministerio Público debería estar del lado del agredido, no del agresor”, concluyeron.
