La operación Lava Jato, considerada la mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil, ha provocado un efecto dominó que alcanza a más de 30 países, entre ellos República Dominicana. Con más de 180 acusaciones, 500 órdenes de allanamiento y 980 años de condenas repartidas entre 67 personas, esta red de sobornos y lavado de activos tiene como epicentro a la estatal Petrobras. Su funcionamiento se basaba en la sobrevaloración de contratos a cambio de favores políticos y pagos ilícitos, revelando una estructura mafiosa enquistada en el corazón del poder estatal y empresarial brasileño.
La conexión dominicana con esta megaoperación se volvió más evidente tras el arresto de Joao Santana, asesor del presidente Danilo Medina, y su esposa Mónica Moura, acusados de recibir pagos por campañas electorales a través de fondos del esquema. A ello se suma la amplia presencia en el país de las constructoras brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, ambas señaladas por el Ministerio Público Federal brasileño por su participación activa en la trama. Las obras ejecutadas por Odebrecht en el territorio dominicano incluyen infraestructuras clave como la Autovía del Coral, Punta Catalina, acueductos y carreteras, con una inversión superior a los 200 mil millones de pesos.
Aunque la empresa ha intentado destacar en su página web su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible en la región, evita mencionar su implicación judicial tanto en Brasil como en los países donde operó. La sociedad dominicana, por su parte, sigue exigiendo transparencia y sanciones, mientras se mantienen abiertas las investigaciones sobre los pagos realizados por Odebrecht y los préstamos recibidos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), que superan los 2.000 millones de dólares. El caso, aún en evolución, sigue despertando indignación y desconfianza en la opinión pública local.
