La decisión de la jueza interina Aristilda Mercedes Rodríguez, quien otorgó libertad pura y simple a cinco ciudadanos venezolanos implicados en un alijo de 359 kilos de cocaína, ha generado un profundo revuelo en el sistema judicial dominicano. Mientras los abogados defensores califican la detención actual como un “secuestro” por parte del Ministerio Público, insisten en que la orden judicial debe cumplirse de inmediato, y han depositado un recurso de habeas corpus en el Palacio de Justicia de La Romana. Según ellos, la magistrada actuó conforme a derecho, al considerar vicios en el procedimiento de arresto y registro de la aeronave donde se halló la droga.
Por su parte, la fiscal titular de La Romana, Yamiris Rodríguez, expresó su total desacuerdo con la decisión y advirtió que la misma afecta la credibilidad del sistema de justicia. La funcionaria declaró que los agentes actuaron en coordinación con organismos internacionales y que el decomiso fue legítimo. La Suprema Corte de Justicia ha ordenado una investigación, pero varios juristas han advertido sobre los peligros de abrir procesos disciplinarios contra jueces por sus decisiones jurisdiccionales, lo cual podría convertirse en una “cacería de brujas”.
Otros abogados, como Guillermo Rosario, reconocen la seriedad de todos los actores involucrados, pero señalan que quizás faltó prudencia procesal al no aplazar la audiencia para revisar a fondo los documentos. En tanto, la sociedad se mantiene expectante ante un caso que pone en tela de juicio la solidez del sistema judicial frente a crímenes de alta complejidad. El debate ahora se centra en si la jueza actuó conforme al derecho o si su fallo es parte de un patrón que requiere control institucional urgente.
