En una entrevista con Nuria Piera, el entonces procurador Francisco Domínguez Brito abordó las investigaciones del Ministerio Público en torno a una red de jueces vinculados al crimen organizado. Confirmó que algunos magistrados favorecieron a delincuentes a cambio de dinero, y que su deber como procurador es lograr que tanto ellos como otros funcionarios responsables enfrenten prisión. “No hay excusas para permitir que esta mafia judicial continúe operando”, aseguró, al referirse al caso de la jueza Awilda Reyes, quien, según él, firmó un recibo de devolución de dinero vinculado a la liberación irregular de un sicario.
El procurador defendió la aparente lentitud del proceso, explicando que las medidas requieren autorización judicial y una cadena legal rigurosa. Pese a las críticas, aseguró que no ha habido demora, sino cumplimiento de los procedimientos. “Quisiéramos arrestar más rápido, pero la ley no lo permite sin orden judicial”, señaló. También justificó el peritaje caligráfico del recibo, aunque la Suprema Corte ya lo había validado, para evitar que la defensa alegue manipulación. Domínguez Brito fue enfático: “No dejaremos huecos legales para que estos jueces escapen”.
Finalmente, propuso una reforma estructural al sistema judicial dominicano, incluyendo mejoras en los mecanismos de evaluación, transparencia y ascenso dentro de la judicatura. Lamentó la fragilidad del sistema actual y reiteró que, aunque algunos jueces sean compañeros, “la justicia no puede tener amigos cuando se trata de corrupción”. Aseguró que el presidente de la Suprema Corte ha mostrado disposición para colaborar, pero advirtió que hace falta una transformación de fondo para evitar que estas redes resurjan.
