Un documento estremecedor circula en los pasillos del poder judicial. Se trata de un recibo firmado por la jueza Awilda Reyes Beltré, donde reconoce haber recibido 350 mil pesos del ex consejero Francisco Arias Valera como adelanto para liberar a un regidor vinculado al crimen organizado. Lo insólito no es solo la transacción, sino la evidencia escrita del delito: ambas partes firman sin disimulo, como si el acto de corrupción formara parte del protocolo institucional.
El hecho ocurre tras una reunión entre la jueza Reyes y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Él mismo confirma a la prensa que sostiene dicho encuentro, al igual que el abogado defensor Tomás Castro. Según las versiones que circulan, durante esa reunión se aborda el origen del dinero y las supuestas instrucciones de Arias Valera, quien habría dicho que la orden provenía del propio magistrado Germán. El exconsejero convence a la jueza de aceptar el soborno, bajo el argumento de que el fallo ya estaba decidido, pero no remunerado.
La escena deja más preguntas que respuestas. Ambos involucrados salen del encuentro en libertad: la jueza sin el dinero y el ex juez con los billetes marcados, sin que ninguna autoridad active un proceso de detención inmediata. La evidencia queda encapsulada en un recibo enviado formalmente por la Suprema a las instituciones correspondientes. ¿Por qué no se actúa de inmediato? ¿Por qué no se incauta el dinero como prueba del delito? La falta de acción deja a la vista una justicia que improvisa, que negocia con el crimen y que, en lugar de limpiar su imagen, se hunde aún más en el lodo de la complicidad.
