Chile


La presidenta chilena, Michelle Bachelet, afirmó hoy que “no es fácil erradicar las conductas inaceptables”, tras inaugurar el Observatorio Anticorrupción, que supervisará los avances y medidas del Consejo Asesor Presidencial encargado de mejorar la probidad y transparencia en Chile.


“El tema es complejo porque no se trata solo de un asunto legal, sino de comportamientos y ética. No es fácil erradicar conductas inaceptables, acabar con la comodidad del continuismo y exigir que las élites se sometan con humildad al escrutinio ciudadano”, dijo Bachelet a los periodistas.


“Yo sé que en esta materia tiende a prevalecer el escepticismo, es comprensible, en demasiadas ocasiones se han hecho anuncios que no son acompañados de actos. Pero yo quiero decirles que no es el caso de esta agenda, los resultados están ahí y los hechos no mienten”, añadió.


El nuevo Observatorio, que está conformado por los centros de estudios Espacio Público y la fundación Ciudadano Inteligente, tendrá como fin hacer un seguimiento a las iniciativas del Ejecutivo emanadas de la llamada “Comisión Engel”, en alusión a su responsable máximo, el sociólogo Eduardo Engel.


Durante el lanzamiento, que también tenía como objetivo dar a conocer el trabajo del Ejecutivo y el Congreso en materia de probidad, la mandataria chilena afirmó que en el plano administrativo ya se han implementado las 14 medidas comprometidas.


“En cuanto a las iniciativas legislativas, de un total de veintiuno, diecisiete ya están en curso, promulgadas o en manos del Congreso, y las cuatro restantes dependen de la aprobación de reformas previas o se encuentran en estudio para su presentación”, precisó Bachelet.


“Las más de 200 propuestas elaboradas por el consejo que lideró Eduardo Engel, no hacen más que ratificar la magnitud del proceso transformador que Chile requiere para recuperar las confianzas con las instituciones”, añadió.


Entre las medidas, destaca que el próximo 9 de noviembre la Presidenta promulgará la ley que castiga con la pérdida del cargo a los parlamentarios, alcaldes y concejales que infrinjan la ley electoral.


En ese sentido, quien sea sancionado quedará inhabilitado para ejercer algún cargo público por dos años.