Titulo


El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), José Dantés Díaz, afirmó ayer que pese a una serie de obstáculos de distinta índole, se entregarán unos diez mil títulos definitivos a finales de este año y estiman concluir esta gestión de gobierno con unos 40 mil certificados de títulos entregados, dentro del Plan Nacional de Titulación.


De esta manera, el funcionario reconoce que la promesa de campaña del presidente Danilo Medina de titular 150 mil inmuebles en sus cuatro años de gobierno, no podrá ser cumplida y tendrá que ser retomada en un próximo mandato.


“Luego que se creó la comisión, que se vio la magnitud y el tema financiero, ustedes saben que el 2013 fue un año de austeridad, nos dimos cuenta que tanto financieramente, como materialmente, en términos de procesos legales no iba a ser posible, y entonces lo que hemos hecho es que nos hemos pautado metas intermedias para cada año. La idea es que al 2016 acabemos con 40 mil títulos, y a partir de la nueva gestión pues si se pueda trabajar para poder titular los 100 mil nuevos inmuebles que nos restarían”, acotó el funcionario.


Dantés Díaz afirmó que en los primeros dos años de creación, la CPTTE ha debido realizar labores de diagnóstico, fortalecimiento y coordinación interinstitucional con los directores generales de Bienes Nacionales, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi), el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Catastro Nacional, el Banco Agrícola y un representante de la Junta Agroempresarial, para lograr un nivel de involucramiento que contribuya a hacer avanzar el Plan Nacional de Titulación.


Aunque en principio se estimaba que cada una de esas instituciones aportaría el personal necesario para dicha encomienda, dijo que la Comisión tuvo que incorporar siete brigadas técnicas, dotadas con costosos equipos de agrimensura, para realizar labores de medición de tierra, asistencia legal y social, donde trabajan 42 personas en la meta propuesta por el mandatario.
Un problema de más de medio siglo.


El funcionario recordó que antes del 2012 no existía una política pública claramente definida para dar respuesta a un problema que data de más de 50 años.


Añadió que en el marco de la Comisión, todas las entidades deben ceñirse a un mismo procedimiento acordado con los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, para poner fin a un desorden en términos catastrales que impedía saber, incluso, qué propiedades pertenecían a tal o cual institución. Por ello, se reunió con los incumbentes de las distintas entidades, a fin de hacer un levantamiento que identificara el estado de situación de cada una de sus propiedades con la ubicación de los parceleros y beneficiarios de proyectos de vivienda.


El funcionario fue entrevistado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el subdirector, Héctor Linares; el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte Pérez, y la editora de elCaribe digital, Sandra Guzmán.


Dijo que en el caso del IAD se pudo determinar que 295 parcelas, con una extensión de más de 100 mil tareas, eran propiedad del CEA o de Bienes Nacionales, “entonces tuvimos que buscar toda la data documental de las transferencias que se habían realizado entre comillas, del CEA al IAD, porque se hacían con una carta, pero no se hacía un acto de ceder las tareas de la parcela, para titular, e individualizar cada una de esas porciones”. Según dijo, en menos de un año se lograron transferir más de 100 parcelas con poderes presidenciales.


Reconoció que dicho proceso se ha tornado un poco burocrático, ya que hasta que cada una de las instituciones que debe ceder los terrenos no entregue los títulos para hacer el deslinde no se pueden hacer las transferencias.


“Cuando nos dimos cuenta de la complejidad de la situación se determinó que íbamos a trabajar de lo simple a lo complejo. Le pedimos a las instituciones un inventario de todos los terrenos donde se había construido o asentado algún tipo de proyecto y nos lo fueron dando, pero al ver el estatus legal de esos terrenos, encontramos que muchos están en propiedad privada, expropiados hace más de 20 años, y que no se han pagado y que no hay forma de que la comisión pueda trabajar porque tienen unos dueños que hay que desinteresar primero, conforme al artículo 51 de la Constitución, que garantiza el derecho de propiedad”. En el caso de los proyectos, cuyos asentamientos estaban en terrenos propiedad del Estado, lo que no existía eran datos actualizados de sus ocupantes.


Deploró que de los 504 asentamientos como parte de la Reforma Agraria que inició en el 1962, apenas 15 mil parceleros de los 100 mil beneficiados tiene título definitivo. Dijo que en ese caso se ha comenzado a trabajar con aquellos proyectos que menos obstáculos legales tienen, porque están en tierras del IAD y los parceleros están afiliados a asociaciones de productores. Como parte de ese proceso, se han titulado en Las Calderas, 152 familias de un proyecto habitacional construido durante el Gobierno de Balaguer y 200 familias en Pizarrete, Baní. Dijo que del IAD, en diciembre de este año tiene proyectado entregar 11 mil títulos.