Prision


El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó ayer ocho meses de prisión preventiva en contra de ingenieros de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y un abogado, acusados de presuntas irregularidades en esa institución, detectadas a raíz del suicidio del arquitecto David Rodríguez García.


El magistrado José Alejandro Vargas envió al penal de La Victoria al exdirector de Edificaciones Escolares de la OISOE, Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo, por considerar que hay elementos de pruebas suficientes para aplicar la prisión preventiva. El magistrado tomó la decisión tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales Bertha Cabrera, Milciades Guzmán, Wagner Cubilete y Narciso Escaño, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Los abogados de los imputados son Carlos Balcácer, Freddy Reyes, Carlos Díaz e Irvin Cruz. Manifestaron su desacuerdo con la decisión del tribunal, ya que todos habían solicitado presentación periódica para sus clientes debido a que, supuestamente, no había pruebas suficientes en su contra.


Asimismo, el magistrado declaró complejo el proceso al considerar que el expediente tiene una complejidad por los múltiples factores alegados en las irregularidades de los imputados, a quienes se les acusa de soborno, extorsión, estafa y asociación de malhechores.


Igualmente, el juez apoderó del caso al Cuarto Juzgado de la Instrucción, que tendrá control del proceso y conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados el próximo 30 de diciembre.


Durante la audiencia, el magistrado enrostró a los imputados que usaran el Estado para extorsionar y que la primera denuncia presentada en su contra fue la carta manuscrita dejada por Rodríguez García el pasado 25 de septiembre en un baño de la OISOE, a quienes tildó de “ladrones”.


“Ya con esa denuncia fue que el ministerio público comenzó a actuar y a buscar pruebas y evidencias para establecer culpables. Y lo que le pasó al ingeniero fue fruto de la desesperación que tuvo porque no tenía la capacidad para soportar la presión cuando le llama ladrones a ustedes”, dijo el magistrado. Señaló que es vox pópuli que el gran problema de los ingenieros con esas obras que se les son asignadas es que les hacen la vida imposible y que tienen que dar grandes porcentajes a la presunta mafia que operaría en la OISOE y que extorsionan a ingenieros contratistas, principalmente los que han ganado concursos para la construcción de escuelas.