La cancelación del raso Daurin Muñoz ha desatado una ola de opiniones encontradas entre periodistas y figuras públicas, quienes denuncian que su destitución es una medida desproporcionada frente a los verdaderos problemas internos de la Policía Nacional. El joven agente, conocido como “el raso del pueblo”, fue sancionado por supuesta indisciplina tras publicar un video crítico, pero algunos opinan que su castigo busca encubrir fallas mayores dentro del cuerpo policial.
Durante una conversación al aire, varios comunicadores coincidieron en que la raíz de la crisis en la institución no son los agentes rasos como Muñoz, sino una red de corrupción protegida por altos mandos. Mencionaron casos de oficiales que despojan de sus sueldos a subordinados, protegen a delincuentes internos y permiten el tráfico de influencias, sin recibir sanciones similares. “No se puede respetar a un jefe ladrón”, comentó uno de ellos, señalando que la verdadera indisciplina nace en las altas esferas.
El caso ha reavivado el debate sobre el liderazgo policial, la pirámide de mando y la pérdida de autoridad institucional. Para muchos, la cancelación de Muñoz parece más un intento desesperado del alto mando por recuperar legitimidad que una respuesta justa y estratégica. “La policía no se reforma votando a un peluche, sino desmontando la mafia interna”, dijo un comentarista, dejando claro que el problema es más profundo que un simple video viral.
