Cada nuevo escándalo dentro de la Policía Nacional reaviva el debate sobre la urgente necesidad de reformar una institución colapsada desde dentro. Un proyecto de transformación estructural duerme en el Congreso mientras aumentan las denuncias sobre corrupción, falta de preparación y desorden operativo.
Durante un panel televisivo, se destacó que de los 33,000 agentes registrados, apenas 17,000 prestan servicio público, mientras el resto trabaja para empresas privadas u otras entidades. A esto se suma la denuncia de que el 90% de los casos de crimen y narcotráfico involucran miembros activos o retirados de cuerpos armados, como reveló la fiscal del Distrito Nacional meses atrás.
Expertos y exfuncionarios insisten en que no basta con una nueva ley, sino con una reestructuración real: mejorar el perfil de ingreso, profesionalizar la carrera policial, garantizar salarios dignos y frenar el uso de agentes como “botín” político. Mientras no se implemente una reforma profunda y con voluntad política, la institución seguirá perdiendo credibilidad y eficacia.
