La polémica sobre la venta privilegiada de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vuelve a ocupar titulares, al revelarse nuevas construcciones de mansiones veraniegas en zonas rurales como el Batey El Mamey de Guerra. Funcionarios activos y exfuncionarios han edificado propiedades de gran magnitud en terrenos históricamente habitados por familias de bajos recursos, sin que el CEA aclare públicamente los términos de adquisición. La falta de transparencia resucita denuncias de décadas: un bizcocho de tierras estatales que se reparte gobierno tras gobierno entre allegados al poder.
Entre las propiedades destacadas se encuentra la mansión de Rudy Ariel Moreta Mendoza, actual Secretario General Administrativo del Senado, quien desde su cargo en la Contraloría y otros puestos públicos acumuló influencia. Su vivienda, dividida en bloques de dos niveles con gasebos y casa para empleados, contrasta con su historial salarial y las reiteradas denuncias sobre contratos con el Estado a través de empresas vinculadas. También sobresale la casa del exjefe policial Manuel Castro Castillo, semioculta entre árboles, y la finca del también exjefe José Armando Polanco Gómez, con casa de dos niveles y criadero de vacas.
Otro caso que llama la atención es el de Maritza López, directora del INAVI y presidenta del PDI, quien habría financiado su casa veraniega con descuentos ilegales de salario y prácticas prohibidas por la Ley de Contrataciones Públicas. La vivienda, equipada con jacuzzi, piscina, invernaderos y acabados de lujo, se suma a otra propiedad que posee en Casa de Campo. A pesar de las denuncias y solicitudes de entrevistas, el CEA no ha ofrecido información sobre las condiciones de estas ventas. El silencio oficial, el acceso desigual a terrenos del Estado y el lujo exhibido por funcionarios contrastan con la precariedad de quienes habitan históricamente esas tierras.
