Guatemala


Guatemala celebra el domingo las elecciones más cuestionadas de su historia moderna, sin el respaldo de gran parte de la población, que considera que no hay garantías democráticas para su realización principalmente por los escándalos de corrupción, que han alcanzado al presidente, Otto Pérez Molina.


Nunca antes había pasado algo así: la cita electoral ha quedado en un segundo plano debido a una crisis institucional sin precedentes desde el pasado mes de abril.


Los casos de corrupción destapados hasta la fecha por dos entes que han emprendido, como ellos mismos dicen, “una cruzada” contra la impunidad y la corrupción -la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)-, marcaron un antes y un después.


El detonante es el afamado caso “La Línea”, una estructura de corrupción aduanera dirigida, supuestamente, por Pérez Molina y su mano derecha, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo el pasado 8 de mayo tras las primeras acusaciones en su contra.


Esta situación ha llevado a la pérdida de la inmunidad de Pérez Molina para que pueda ser investigado, “el escenario menos deseado, pero el más probable”, según el portavoz oficial de la Presidencia de Guatemala, Jorge Ortega.


Este insistió en que el mandatario, “por el momento”, sigue en su posición de no renunciar.


Las acusaciones de corrupción, junto con la actitud de Pérez Molina de aferrarse al bastón de mando, aumentaron el hartazgo de la población, que sale cada semana a la calle a exigir, en movilizaciones masivas, la dimisión del jefe de Estado y la suspensión de los comicios.


“En estas condiciones no queremos elecciones”, corean muchos durante las protestas callejeras.


La gente no aclama a los candidatos. Todos piden a gritos la salida del presidente: estudiantes, políticos, empresarios e instituciones gubernamentales, como la Contraloría o la Procuraduría.


Pese a todo el descontento, ni los comicios ni las reformas a la ley electoral en Guatemala han sufrido cambios, lo que provocará, según los expertos, un aumento del abstencionismo y del voto nulo de hasta el 30 por ciento.


Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el anterior llamado a las urnas, en el año 2011, el abstencionismo fue del 39,17 por ciento.


Y las opciones políticas tampoco dan aliento a la población. Los nuevos candidatos, aunque todos son viejos conocidos en este arte de la oratoria, no han sido capaces de escuchar el clamor popular.


De acuerdo a Diego Maza, uno de los miembros de la plataforma Mirador Electoral, que aboga por elecciones transparentes, pacíficas y libres, lo único que la salvará al país son las elecciones, una opción para ir saliendo de esta crisis eligiendo a autoridades “competentes”.


Pero entre las opciones a ocupar los casi 4.000 cargos públicos que se elegirán el domingo, son muchos los candidatos acusados de participar en actos ilícitos.


El candidato a la segunda magistratura del país por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Edgar Barquín, afronta acusaciones de lavado de dinero.


El candidato presidencial de la coalición política Creo-Unionista, Roberto González Díaz-Durán, encara otro proceso de igual magnitud pero, en su caso, por tráfico de influencias, ya que según las autoridades trató de influir en un caso judicial para beneficiar a su sobrino.


Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), también fue denunciado la semana pasada por agresión sexual, lesiones, amenazas, coacción y violencia sicológica y física contra la mujer.


Juan Guillermo Gutiérrez Strauss, candidato por la agrupación política Partido de Avanzada Nacional (PAN), fue denunciado por lavado de dinero, cohecho pasivo y defraudación tributaria.


Y estos son solo los principales, entre alcaldes y postulantes a diputados suman decenas los acusados de delitos como corrupción o tráfico de influencias que quieren optar por servir al pueblo.


A pesar de las severas críticas, hay apoyos significativos para que se lleven a cabo las elecciones el próximo domingo.


Entes como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),la cúpula empresarial guatemalteca, la CICIG o algunos colectivos sociales llaman a la ciudadanía a acudir a las urnas para seguir construyendo la democracia.