Danilo y MartellyEl gobierno dominicano deberá pensar estratégicamente los pasos a seguir con el tema migratorio y la ejecución de las decisiones pendientes, como las repatriaciones luego del plazo de los 45 días que se previeron al finalizar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.


Debemos tomar en cuenta el proceso interno en Haití, político y electoral. No debemos estar de espaldas a lo que está ocurriendo en la vecina nación, debido a las consecuencias que podrían derivarse de un fracaso de la programación de las elecciones previstas para agosto y octubre de este año.


El gobierno haitiano está marcado por la irregularidad. No existe un congreso, por ejemplo, y las decisiones las toma el presidente Michel Martelly por decreto. Martelly es presidente pero al mismo tiempo es un actor político, con un partido y un candidato que quisiera imponer para dar continuidad a su participación en el poder con todo lo que de esto se deriva.


Y sabe, Martelly, que está en precarias condiciones si las elecciones congresuales y municipales se realizan el 9 de agosto, como están previstas, y las presidenciales el 25 de octubre en primera vuelta o en diciembre en segunda vuelta.


Por tanto, la crisis en las relaciones con la República Dominicana le proporciona una excusa al presidente Martelly una excelente oportunidad para:


En primer lugar desviar la atención del pueblo haitiano de sus múltiples y dolorosos problemas y de la incapacidad del gobierno de su gobierno para resolverlos.


En segundo lugar para posponer otra vez las elecciones.


Eso podría explicar la destitución del embajador haitiano en República Dominicana, Daniel Supplice, quien apenas tenía unos meses ejerciendo sus funciones y, por lo revelado, se trata de un intelectual y diplomático de carrera, que no se prestó a juegos políticos en las relaciones entre los dos países.


Si la República Dominicana ejecuta su plan de deportaciones de extranjeros irregulares, como está previsto, le daría una excusa adicional para que el gobierno haitiano explote la decisión y haga un escándalo interno y externo. Ya el primer ministro Evans Paul calificó las deportaciones como una crisis humanitaria para Haití, sin siquiera haberse iniciado oficialmente ese proceso.


El plan del gobierno haitiano parece ser interrumpir el proceso electoral de agosto y octubre, para que se realice en diciembre de este año o en el primer trimestre del 2016.


Hay otras fuerzas políticas que actúan en Haití y no están de acuerdo con atrasar otra vez las elecciones. Haití tiene compromisos con la comunidad internacional, con las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y con el gobierno de los Estados Unidos. Los principales líderes políticos haitianos, como René Preval y Jean Bertrand Aristide, quieren que se celebren las elecciones como están programadas.


Las fuerzas políticas de Preval y Aristide parecen haber logrado un acuerdo en torno a la candidatura presidencial única de Moise Jean Charles. Si esto es así, las elecciones se polarizarían entre las fuerzas del gobierno y las de los principales partidos Varité, de Preval, y Familia Lavalás, de Aristide.


El gobierno de los Estados Unidos apuesta a que haya elecciones en agosto y octubre. Martelly no tendría excusas para interrumpir el proceso, ya iniciado con las decisiones del Tribunal Provisional Electoral, que ha preseleccionado a los candidatos presidenciales que pueden lanzarse, y ha dejado fuera a otros que no cuentan con la legitimidad que exigen las leyes haitianas. Por esta vía Martelly se ha quitado a varios potenciales aspirantes duros de su camino, como el ex primer ministro Laurent Lamothe.


El gobierno dominicano tiene que actuar asertivamente en este caso y no darle excusas a Martelly para fastidiar el proceso democrático haitiano. Si el presidente haitiano, que ha demostrado no ser precisamente transparente ni serio en las decisiones políticas, logra su propósito ese país entraría en un nuevo período de inestabilidad e incertidumbre, y los más perjudicados seríamos los dominicanos, por la existencia de una frontera porosa, vía de escape de miles y miles de personas que no encuentran seguridad ni estabilidad en un país gobernado como les da la gana a los presidentes, sin importar lo que dicen las leyes o su constitución política.


Otros factores que ayudarían a Martelly en su propósito antidemocrático podrían ser el informe de la misión enviada a los dos países por la Organización de Estados Americanos, este mes de julio, y que ya está en manos del secretario general, Luis Almagro. También le ayudan las voces destempladas e irresponsables que presionan al gobierno dominicano a ponerse los guantes y atacar al gobierno haitiano por las declaraciones irresponsables de algunos de sus funcionarios, comenzando por el primer ministro Evans Paul, que desafían al gobierno dominicano.


El presidente Danilo Medina ni el canciller Andrés Navarro pueden darle excusas a Michel Martelly para violar la Constitución y las leyes haitianas y no realizar las elecciones. No es que nos estemos inmiscuyendo en los asuntos haitianos, es que estamos en una isla, con dos países, y si hay una crisis política en Haití los dominicanos seremos los que sufriremos otra vez las consecuencias. Un Haití con mayor inestabilidad, signficaría más problemas para República Dominicana, incluso con más inmigración indocumentada.


Haití merece celebrar sus elecciones y darse la oportunidad de estabilizar la alternancia en el poder. Esa falta de estabilidad ha sido su gran tragedia. Por eso no han podido hacerle frente a la pobreza, a la desigualdad ni aprovechar las ofertas de ayuda internacional. Eso ha hecho a Haití una nación fracasada. Las ambiciones de poder de sus líderes políticos y gobernantes han hecho fracasar a Haití. De nuestro lado, debemos hacer el esfuerzo para no tomar decisiones locales que justifiquen un atentado a la democracia en Haití.