ADIEEl presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Marcos Cochón, advirtió que en el país podrían producirse apagones financieros, si el Gobierno no dispone el pago de la deuda de 800 millones de dólares a los generadores de electricidad.


Explicó que si los banco comerciales deciden disminuirle las líneas de créditos por una situación estrictamente financiero, el sector no tendrá recursos con que seguir trabajando con normalidad


Cochón aclaró que una decisión de tal magnitud, como la de dar apagones financieros, nunca ha estado en la mente de los generadores, pero hay que entender que ellos incurren en deudas para producir electricidad y vendérsela a las distribuidoras para con los recursos obtenidos poder cumplir los compromisos contraídos.


Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el presidente de la ADIE explicó que debido a que el gobierno tiene más de ocho meses que no le paga la deuda, se ven impedido de cumplir con dichas líneas de créditos que generalmente se la otorgan a 120 y a 180 días.


Lamentó que altos funcionarios del gobierno conociendo muy bien esa problemática hasta la fecha no han sido capaces de buscarle una solución al problema.


Dijo no entender por qué se debe esperar a que ese problema llegue a una situación no deseada, y por eso la ADIE tiene siete meses advirtiendo sobre lo que podría pasar de no saldar esos compromisos financieros.


“A lo imposible nadie está obligado y todo tiene un límite, nosotros tenemos un límite que nos lo imponen los bancos, y ya hemos llegado a ese límite”, aclaró Marcos Cochón.


Agregó que otro problema que confortan los generadores por el incumplimiento de pago por parte del gobierno, es que se ven imposibilitados para hacer nuevas inversiones en la industria para aumentar y eficientizar la oferta eléctrica.


Cochón dijo que no obstante a esa situación, los generadores no han disminuido la cantidad de energía que entregan a la distribuidora, pese a los efectos de la fuerte sequía que ha provocado una disminución considerable del aporte que hace al sector de las hidroeléctricas.


El funcionario de la industria eléctrica calificó como algo paradójico el hecho de que la deuda con el gobierno se haya incrementado en más de cien millones de dólares, al pasar de 700 a 800 millones, cuando el combustible cuesta el 50 por ciento menos que la indicada fecha.


Sostuvo que todo luce indicar que el gobierno está utilizando los ahorros por concepto de la disminución del precio del petróleo para otros temas, que no tiene que ver con el pago a los generadores.


Dijo que la reducción ha sido tan significativa que a los precios actuales del carburante, las plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina de Baní, venderán el kilovatio/hora a un precio superior a como lo están haciendo algunas generadoras.


Admite generadores obtienen mayor beneficio cuando el combustible está más caro


El presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Marcos Cochón admitió que los generadores obtienen mayor rentabilidad económica cuando los precios de los combustibles están más caros.


“Eso es así, pero no es un tema que nosotros busquemos ni que dicen los contratos, es un tema que por el tipo de conversión técnica que tienen la tecnología, normalmente eso sucede”, explicó.


Agregó que otro motivo que explica ese fenómeno, es que cuando el combustible está más alto, las volatilidades tienden a ser más altas, y en momento que son más baja tienen más estabilidad.


“Es un tema si se quiere algebraico matemático, que se tendrá que tener prácticamente un equipo de científico monitoreándolo, y el costo de administración de un proceso para eficientizar eso no se justifica en un sistema tan pequeño”, aclaró el presidente de la ADIE.


Dijo que es una realidad que ganan más dinero cuando el combustible está más caro, pero que esa realidad es de la industria, y no sólo se da en la República Dominicana sino en todas partes del mundo.


Marcos Cochón también insistió en que las plantas a carbón que construye el gobierno, tan pronto entren en operación, deberán ser administradas por el sector privado.