Plazo


La organización Camina RD (CRD) expresó este viernes su preocupación por las consecuencias que con el cierre del Plan Nacional de Regularización se pueda generar para los haitianos en territorio nacional y dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen documentos, por lo cual solicitó un nuevo plazo para acogerse al mismo.


“Lo que hoy vivimos, es el arrastre de la irresponsabilidad histórica del Estado Dominicano en esta materia. Caracterizada, entre otras cosas, por ser una migración instrumentalizada por el empresariado y por el estado, sin garantizar la documentación debidas.


Una irresponsabilidad que se refleja en la corrupción administrativa de quienes están en la frontera, por las violaciones de derechos de quienes ejecutan la ley de migración y por la explotación, sin sanciones, de quienes exprimen al migrante trabajador”, denunció la entidad a través de un comunicado.


Consideró que con el recién concluido plan no se pudo responder a las décadas de irresponsabilidad incurridas. Agregó que el tiempo limitado, las trabas y los costos que envolvían el proceso alertaban desde el inicio que dicho plan no iba a regularizar un número significativo de migrantes haitianos.


Camina RD detalló, de igual forma, una serie de puntos que a su juicio deben tomarse en cuenta con relación al tema haitiano. A continuación los puntos solicitados por la organización


Ampliar el plazo del proceso de regularización para migrantes que cuyos expedientes han sido recibidos, pero no completados. Garantizar que las personas que tienen iniciados sus procesos no serán deportadas. Garantizar el respeto a la dignidad de los migrantes y sus familias tanto en el proceso de repatriaciones como en los centros destinados a acoger a los migrantes para la revisión de su situación migratoria, antes de proceder con la repatriación final.


Cumplir con la aplicación del Protocolo de Entendimiento sobre mecanismos de repatriaciones, que fue firmado en 1999 por la República Dominicana y Haití. Esto requiere, de un diálogo continuo entre representaciones de ambos países, en los que estén presentes actores gubernamentales y no gubernamentales.


Garantizar condiciones dignas en los centros de acogida, en los que puedan contar con servicios básicos, protección de la intimidad y contra la violencia en cualquier de sus manifestaciones, especialmente para poblaciones más vulnerables. Garantizar el derecho a la nacionalidad de dominicanos-as de padres haitianos-as, cuya documentación está en proceso por parte de la Junta Central Electoral, para que los-as misma no corran los riesgos de ser deportados. “La situación es urgente y requiere acciones urgentes, que superen los mecanismos legalistas, que no toman en cuenta la persona y sus contextos de vida”, agregó la entidad.