El caso del joven Eduardo Villamán Fadul, auxiliar consular en Nueva York y sobrino del ministro de Interior y Policía, ha desatado una ola de indignación nacional tras hacerse viral un video en el que insulta, amenaza y agrede físicamente a dos agentes de la AMET que intentaron detenerlo por violar una luz roja en Santiago. Las imágenes muestran una actitud prepotente y violenta, con un lenguaje ofensivo y una conducta que incluye golpear a los agentes y pasarle un vehículo por encima a uno de ellos, causándole fractura. Posteriormente, Villamán pidió excusas en un video que más parece un libreto mal leído que un acto sincero de contrición.
Más allá de la agresión puntual, lo que realmente ha causado alarma es la reacción institucional: el joven fue detenido y liberado en tiempo récord. Esto evidencia un patrón de impunidad cuando se trata de personas con vínculos políticos o familiares con el poder. El propio agente agredido, en una llamada radial registrada en el video, expresa temor a actuar ante la jerarquía del agresor, preguntando literalmente qué hacer con “el sobrino del ministro”. Este temor institucionalizado desnaturaliza el rol de la autoridad pública y envía un mensaje devastador: en la República Dominicana, la ley no se aplica igual para todos.
Lo más grave de todo es que esta no es una anécdota aislada. Eduardo Villamán Fadul no es un caso atípico, sino un símbolo del clientelismo enquistado en las estructuras del Estado. Ya había recibido un apartamento del gobierno, un puesto consular, y ahora, una respuesta institucional que roza la complicidad. Si el Estado no sanciona con firmeza este comportamiento, estará reforzando la cultura de la arrogancia hereditaria, del privilegio que golpea y atropella sin consecuencias. El país merece mucho más que disculpas vacías.
