Migrantes, principalmente haitianos, exhiben sus documentos a funcionarios mientras esperan registrar su residencia legal en el ministerio del Interior en Santo Domingo, República Dominicana, el martes 16 de junio de 2015. El gobierno dominicano se prepara para comenzar esta semana a repatriar inmigrantes que no se hayan registrado en un programa especial para legalizar su estatus, mientras miles de personas hacen largas filas para tratar de inscribirse. (AP Photo/Tatiana Fernandez)El gobierno dominicano informó el viernes que revalidó la nacionalidad a cerca de 55.000 personas que estuvieron a punto de perderla y durante unos ocho años no pudieron hacer ningún trámite por ser descendientes de inmigrantes que no tenían permiso de residencia.


La medida supone el fin del proceso de desnacionalización de descendientes de haitianos que la junta central electoral, administradora del registro civil, comenzó de forma sistemática en 2007 con el argumento de que los afectados habían sido registrados de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.


La junta electoral publicó el viernes en la prensa y en su página en internet la lista de unas 55.000 personas que podrán obtener nuevamente sus documentos de identidad que los certifican como dominicanos.


El presidente de la institución, Roberto Rosario, aseguró en entrevista con el periódico Hoy que los afectados podrán recibir sus documentos de identidad en las oficinas del registro civil.


“Hemos podido comprobar con varios de los afectados que en los últimos días se ha generalizado la entrega de las copias de las actas de nacimiento y las correspondientes cédulas de identidad”, dijo en un comunicado el denominado Comité de solidaridad con las personas desnacionalizadas compuesto por intelectuales, activistas de derechos humanos y periodistas.


La junta electoral había comenzado en 2007 de manera oficial a retener los documentos de identidad a los descendientes de inmigrantes haitianos, argumentando que habían sido obtenidos de manera fraudulenta con la única meta de obtener la nacionalidad dominicana.


La medida, criticada por diversos organismos de derechos humanos, había impedido que los miles de afectados pudieran estudiar, obtener un trabajo formal, abrir cuentas bancarias, registrar el nacimiento de sus hijos e incluso casarse.


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