La reciente muerte de una joven de 23 años, Charilene Sedeño, durante una liposucción en la clínica Plástica Contreras, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad médica en República Dominicana. La Fiscalía del Distrito Nacional ordenó el cierre inmediato del centro, propiedad del doctor Edgar Contreras, tras conocerse que el procedimiento se realizó en condiciones que levantan serias dudas. La víctima, residente en Estados Unidos, viajó al país para someterse a la cirugía, pero falleció en la sala de operaciones. La fiscal Jenny Berenice informó que el cierre se ejecutó bajo orden judicial y que se investiga si Contreras está habilitado para ejercer la medicina legalmente en el país.
El historial del doctor Edgar Contreras no es nuevo en el ámbito judicial ni mediático. Durante más de dos décadas, múltiples reportajes han documentado casos de supuesta mala praxis, muertes, infecciones postoperatorias y cicatrizaciones deficientes. Pese a que no figura como miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, continúa realizando procedimientos en el país. La familia de Charilene, visiblemente afectada, ha denunciado inconsistencias en la versión de la clínica y exige los expedientes médicos, aún no entregados. Durante una reunión grabada con el equipo médico, se expusieron contradicciones sobre la causa de muerte, inicialmente atribuida a un paro cardiorespiratorio, y luego a un laringoespasmo, según una nota de prensa enviada por la administración del centro.
El caso de Charilene se suma a una lista de muertes que incluye a la periodista Isabel Vargas en 1999, y a la puertorriqueña Delmaris Rivera, cuya muerte fue ampliamente cubierta por la prensa internacional. Ambas perdieron la vida tras someterse a procedimientos con el doctor Contreras. Aunque ha enfrentado cierres temporales, impedimentos legales y cuestionamientos éticos, el cirujano ha logrado continuar operando. La opinión pública y las autoridades ahora exigen respuestas claras y acciones firmes ante lo que parece ser un patrón repetido de negligencia médica que, hasta el momento, no ha sido sancionado de forma definitiva.
