TucanoEl coronel Carlos Piccini, quien en el 1998 simuló tener problemas mentales para evadir un proceso judicial en su contra por una presunta estafa millonaria, permanece activo en las Fuerzas Armadas, aunque sin funciones, y es considerado en los círculos militares como un oficial “protegido”.


A un año de que la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) anunciara que empezaría una investigación sobre la denuncia internacional de un supuesto soborno de US$3.5 millones a un coronel dominicano, y de la distribución de otros millones de dólares a cargo de un senador, para facilitar la compra a Brasil de ocho aviones Súper Tucano, poco o nada se sabe de su avance o resultado.


Tampoco se habla del desvío de 13 millones de dólares en el Ministerio de Defensa (antes Fuezas Armadas) de la cuenta destinada al pago de los aviones a la compañía brasileña Embraer. El caso ocurrió durante el gobierno de Leonel Fernández.


La investigación de la justicia dominicana se inició días después de que el periódico norteamericano The Wall Street Journal, informara de una indagatoria dirigida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, conjuntamente con las autoridades brasileñas, sobre un supuesto soborno de US$ 3.5 millones entregado por la empresa Embraer, de Brasil, a un coronel dominicano y otros US$ millones a un senador para facilitar la venta de las aeronaves al gobierno de República Dominicana.


Hasta ahora la pesquisa internacional apunta hacia el coronel Carlos Piccini, quien después de haber sido dado de baja fue reintegrado a las filas militares y designado director de Proyector Militares, primero de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) y luego del Ministerio de Defensa, antiguo Ministerio de las Fuerzas Armadas.


También la publicación se refiere a la supuesta participación en el soborno de un congresista oficialista, cuyo nombre no ha sido revelado.


En mayo de 2014, el Ministerio de Defensa entregó al Ministerio Público, a través de la PEPCA, las documentaciones vinculadas a la compra de la flotilla de aviones militares en el gobierno de Leonel Fernández de 2008 a 2012 y los nombres de los generales y coroneles que participaron en las negociaciones con la compañía brasileña.


El expediente le fue entregado a la magistrada titular del organismo persecutor de la corrupción, Laura Guerrero Pelletier, quien ha estado a cargo de la investigación y de los interrogatorios a militares.


Aunque la Procuraduría ha manifestado que la pesquisa se realiza con un alto grado de discreción, ha trascendido que al menos dos generales y un coronel fueron interrogados en septiembre del pasado año.


La Compra de los aviones militares fue defendida en el Congreso de la República por un grupo encabezado por el mayor general Rafael Peña Antonio, para entonces jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, y el coronel Carlos Piccini cono director de proyecto militares, además de varios funcionarios encabezados por el abogado Marino Vinicio Castillo.


Una fuente militar consultada por acento.com.do, consideró que el coronel Piccini debió estar suspendido e investigado por los organismos internos de su institución, como ordena la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, independientemente de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público.


Hasta ahora ninguno de los mandos militares se ha referido en público al asunto que tomó dimensión de escándalo internacional ni tampoco lo han hecho las pasadas autoridades militares del gobierno de Leonel Fernández que ejecutaron la compra de las aeronaves por US$ 93.7 millones, costo que los especialistas consideraron en su momento como excesivo.


En septiembre de 2014, el embajador de Estados Unidos, James W. Brewster, confirmó que hay una investigación abierta en su país en relación al caso del presunto pago de soborno por la compra de los ocho aviones a la compañía Embraer SA, de Brasil, reiterando las informaciones que había publicado medios estadounidenses y brasileños.


El coronel Carlos Piccini, quien en el 1998 simuló tener problemas mentales para evadir un proceso judicial en su contra por una presunta estafa millonaria, permanece activo en las Fuerzas Armadas, aunque sin funciones, y es considerado en los círculos militares como un oficial “protegido”.


Fuente: Acento.com.do