Polvo


El incendio forestal incontrolado que se declaró ayer en el Parque Nacional Valle Nuevo tiene, sin dudas, factores ambientales que han favorecido su ignición y su expansión. Estos incendios en los bosques de pinos de La Española ocurren desde hace más de 40,000 años antes del presente (Horn et al, 1990).


Pero el régimen natural del fuego en el referido ecosistema, vale decir, su ocurrencia por razones naturales debería producirse a intervalos de entre 30 y 40 años, tiempo razonable para que la acumulación de combustibles naturales no llegase a niveles que produjesen incendios catastróficos, permitiendo así que las plántulas nacidas luego del fuego anterior ya hubiesen alcanzado el porte mínimo que las convirtiese en inmunes al futuro incendio, y además, facilitara la germinación de las semillas de pino, que en estado de latencia podrían entonces germinar por la acción del fuego y beneficiarse de la fertilidad del suelo subsecuente al fenómeno natural.


Pero debido a las acciones humanas (agricultura extensiva, tala, pastoreo…) este régimen natural ha sido alterado, observando frecuencias de fuego en un mismo territorio en intervalos tan reducidos como cinco años. En terrenos con vocación agrícola o ganadera esto no tiene mayores consecuencias, pues su mejor uso no debería verse afectado por el fuego.


Sin embargo, resulta altamente perniciosa la alteración del régimen de fuego en las áreas protegidas de la Cordillera Central, pues el mejor uso de sus territorios es la conservación, cuya práctica asegura la provisión de servicios ambientales que son imprescindibles para la Nación: Agua para el 80 % de la población, alrededor del 23 % del total de la energía producida en el país, secuestro de carbono, producción de nitrógeno orgánico, moderación del clima, control de escorrentías, conservación de la biodiversidad… y podríamos continuar con múltiples servicios que las áreas protegidas de la Cordillera Central proveen de manera pasiva y a un costo ínfimo.


Pero es un hecho incontestable que el Ministerio de Medio Ambiente privilegia la siembra de arboles en lugares visibles, a una tasa anual de siembra que requeriría más de 1,500 años para restaurar los daños ambientales en el entorno nacional, mientras de manera irresponsable desdeña la mejor, más efectiva y menos costosa herramienta de conservación, que es la vigilancia y protección. Claro, es más provechoso políticamente sembrar plantitas que mantener una ojo vigilante donde nadie se percate de ello y hacer cumplir las leyes que, precisamente, ordenan al Ministerio la protección de las áreas, más aún si ellas albergan, como es el caso de la Cordillera Central, sistemas acuáticos cuya salud es necesaria para la calidad de vida y la seguridad alimentaria nacionales.