Advertencia


El Gobierno dominicano lanzó hoy una nota de advertencia contra las prácticas de empresas y personas que fabrican y comercializan productos sin el debido cumplimiento de la ley, poniendo en riesgo la salud y la vida de los consumidores.


La alerta fue emitida por la Mesa Presidencial contra el Contrabando, la Falsificación e Informalidad de Bienes, sobre la base de que, además, estos entes ofertan al comercio productos de contrabando, adulteran marcas locales o extranjeras y evaden el pago de impuestos.


“Comercializar bebidas alcohólicas o cigarrillos adulterados, de contrabando, de dudoso origen o que no hayan pagado los impuestos correspondientes, constituye una complicidad con lo ilícito que degenera en multas económicas, clausura del local comercial y prisión de hasta 10 años”, subrayó la entidad gubernamental.


La advertencia oficial está contenida en un comunicado firmado por todas las entidades públicas integrantes de la mesa, los ministerios de la Presidencia, Industria y Comercio, Salud Pública, Fuerzas Armadas e Interior y Policía. También, la Procuraduría General de la República, las direcciones de Aduanas, Impuestos Internos, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y el Instituto Dominicano para la Calidad.


Paralelamente, iniciaron una campaña en miles de puntos de ventas de productos de alcohol y cigarrillos con un afiche que previene a los comerciantes sobre las consecuencias legales, el riesgo de cierre de sus negocios y probable encarcelamiento al facilitar la venta ilegal de estos productos.


“Como autoridades competentes estaremos velando, en forma irrenunciable y permanente, por un comercio respetuoso de las leyes, en beneficio de los consumidores, los sectores productivos formales y el Estado”, señalaron.


Afirmaron que aplicarán todo el peso de la Ley a los infractores. Confiamos en que nuestros comerciantes tomarán la decisión correcta y colaborarán para contribuir con la eliminación de esta desafortunada práctica”, expusieron las instituciones.


Invitaron a todos los sectores a cooperar con el Gobierno en la lucha para detener el flagelo que, además del riesgo ocasionado a la salud, conlleva graves consecuencias legales, tanto para los responsables principales como para quienes facilitan las ventas de estos productos ilícitos.