Fiscalia


La Fiscalía portuguesa pidió a los tribunales que prohíban la salida al extranjero y la venta de las 85 obras del pintor Joan Miró en manos del Estado que el Gobierno luso pretende colocar en el mercado.


Según confirmó un portavoz del Ministerio Público, fueron interpuestas ante la Justicia “cuatro providencias cautelares y dos acciones principales” -todos estos procesos están en estudio aunque algunos de ellos se encuentran en fase de recurso- por un caso que se remonta a finales de 2013, cuando el Gobierno luso hizo pública su intención de comercializar los cuadros.


Entonces, el Ejecutivo conservador liderado por el primer ministro, Pedro Passos Coelho, anunció que pretendía vender las obras en Londres a través de la casa de subastas Christie’s.


Las 84 pinturas y la escultura que forman parte de este acervo fueron compradas en 2006 por el Banco Portugués de Negocios (BPN), entidad que fue nacionalizada dos años más tarde por riesgo de quiebra y cuyo patrimonio pasó entonces a ser propiedad del Estado.


La iniciativa del Gobierno -que pretendía recaudar en torno a 35 millones de euros con la operación- generó una oleada de indignación en Portugal, y además del rechazo de los partidos de la oposición de izquierdas también se recogieron más de 10.000 firmas en favor de la manutención del acervo en suelo luso, donde nunca fue expuesto.


La subasta se llegó a suspender dos veces y ahora la Fiscalía reclama a la Justicia que exija al Ministerio de Finanzas y a la Secretaría de Estado de Cultura “que no sean ejecutadas las anunciadas decisiones de colocar en el mercado externo las obras de Miró mientras no se cumpla la obligación de inventariar y clasificar” todas ellas.


El futuro de estos cuadros volvió a ser tema de actualidad en Portugal esta semana después de que las dos empresas públicas encargadas de gestionar el patrimonio heredado por el Estado tras la nacionalización del BPN lamentasen en un comunicado que el proceso sobre la venta del acervo en sede judicial siga siendo una incógnita más de un año después.


Las compañías precisaron que la suspensión de la operación ha supuesto de momento pérdidas al erario público por valor de 1,9 millones de euros (algo más de dos millones de dólares).