SAN FRANCISCO DE MACORIS, República Dominicana.- Las actividades en San Francisco de Macorís amanecieron paralizadas, acatándose el llamado de organizaciones cívicas y populares que exige la renuncia del alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Manuel Rodríguez Grullón, acusado de malversar más de 400 millones de pesos del cabildo.


El comercio tanto en la parte céntrica como en los sectores barriales cerró sus puertas, el transporte urbano e interurbano es nulo, en tanto el tránsito vehicular privado ha paralizado en más de un 90 por ciento.


Por igual la docencia en escuelas públicas y privadas, así como en las universidades, se encuentra suspendida. Hasta cerca de este mediodía la huelga transcurre con normalidad y no se han reportando incidentes en los sectores francomacorisanos.


Desconocidos que se desplazaban en una motocicleta lanzaron a media mañana de hoy una bomba de gas lacrimógena, hacia el interior del establecimiento La Curacao, ubicado en la calle la Cruz, que permanecía abierto. Tras el incidente el negocio cerró sus puertas.


Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y vocero de las demás organizaciones convocantes a la jornada de protesta, dijo que paro se cumple en un 100 por ciento y es una muestra fehaciente de que San Francisco de Macorís no quiere que una mafia de delincuentes siga administrando los recursos municipales.


“Con la contundencia de este paro, San Francisco de Macorís le está diciendo a Félix Rodríguez y sus secuaces, váyanse para su casa, deje que la justicia actué, que este pueblo quiere que se le devuelvan los millones sustraídos”, refirió Monegro. La huelga se inició a las 6 de la mañana de este martes y culminará mañana miércoles a la misma hora.


Las entidades que desarrollan la jornada de protesta, entienden que no es posible que Félix Rodríguez Grullón continué administrando los recursos de este pueblo cuando la Cámara de Cuentas demostró la existencia de un desfalco de mas de 400 millones de pesos, lo que motivó que la Procuraduría General de la República, decidiera someter a la justicia al funcionario municipal y a otros personajes.