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En una nublada mañana de enero, Mohamed Iqbal da una extraña clase de educación física en la Escuela Secundaria Número 1. El extenso campus de esta escuela masculina es una de las más grandes y antiguas instituciones de Peshawar, en el norte de Pakistán.


La escuela tiene un amplio polideportivo. Pero no lo han usado mucho desde la masacre del Talibán en la vecina escuela militar el 16 de diciembre, donde murieron unas 150 personas, la mayoría menores.


Hasta ese día, la principal tarea de Iqbal era planear actividades deportivas para sus pupilos. Ahora además es jefe de seguridad, y lleva una pistola.


“Es mi arma personal. La empecé a traer a la escuela”, dijo mientras saca y muestra su Beretta de 9 milímetros.


La escuela adquirió recientemente armas para su personal. Uno de sus trabajadores ahora ocupa el puesto de francotirador desde el tejado. Otros han sido desplegados en la entrada de la escuela.


“Varios profesores murieron en el ataque a la escuela militar. Quiero estar seguro de que si eso pasa aquí, vamos a luchar”, dice.


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Sobre si no tiene problemas llevando un arma siendo profesor, responde que su misión es “difundir conocimiento, no la cultura de las armas”.


“Pero las circunstancias nos obligan a hacerlo por nuestra propia seguridad”, agrega.


Eso es porque la gerencia acepta que la policía simplemente no puede proteger las decenas de miles de escuelas que hay en la provincia.


Y a diferencia de las escuelas privadas y de elite, las públicas no tienen fondos para contratar guardias armados. No les queda otra alternativa más que ofrecer su propia seguridad.


“La seguridad no es nuestro trabajo”


La masacre de diciembre provocó una ola de indignación en el país y más allá.


Las escuelas del país fueron cerradas. Cuando volvieron a abrir, tras las vacaciones de casi un mes en invierno, los padres se debatían entre enviar o no a sus hijos a la escuela.


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Las autoridades implementaron una serie de medidas para incrementar la seguridad, entre otras: elevar los muros y ponerles alambre de espino, instalar puertas de seguridad y cámaras.


Y sobre todo, lo más controvertido, el gobierno anunció que permitiría que los profesores fueran a dar
clase armados.


“La idea es posibilitar que se enfrenten a los atacantes hasta que llega la ayuda”, anunció en su momento el ministro provincial de Información, Mushtaq Ghani.


Desde entonces, las críticas por la propuesta han crecido. “Nuestro trabajo es enseñar, no llevar un arma”, afirma Malik Jalid Jan, presidente del sindicato de maestros en la provincia de Jyber Pajtunjua.


“No estamos preparados para convertirnos en guardias de seguridad”.