Nisman


El cadáver del fiscal Alberto Nisman ha dibujado un retrato demasiado fiel de la Argentina actual: una sociedad tan habituada a los crímenes y operaciones criminales de los servicios secretos al servicio de la Casa Rosada que casi nadie cree que Nisman se haya suicidado; una presidenta que primero habla en Facebook de suicidio o de ¿suicidio? entre interrogantes y tres días después sostiene la tesis del asesinato; una presidenta que utiliza el poder de su cargo para escrachar a un diario, a la jueza que investiga la muerte de Nisman, al informático que le prestó la pistola, al espía que colaboraba con él…


Una presidenta, decíamos, que se presenta como víctima de una operación donde la muerte de Nisman solo fue un medio para desestabilizar a su Gobierno y que nunca expresa sus condolencias a la familia del hombre que la denunció; un Gobierno tan enfrentado al grupo Clarín que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rompe ante las cámaras un ejemplar del diario; un Poder Ejecutivo tan agresivo con un sector del Poder Judicial que tacha de “golpistas” a los cinco fiscales que convocaron una marcha en silencio para homenajear a Nisman el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de su muerte.


En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita, en quien recayó la denuncia de Nisman tras su muerte, recogió el guante de su antecesor y acusó el viernes a la presidenta, a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y a otros cargos y dirigentes oficialistas del mismo delito que ya les había incriminado Nisman: encubrimiento de supuestos terroristas iraníes, sobre los que pesaba una orden de busca de Interpol por la supuesta participación en el atentado de la AMIA, que en 1994 terminó con la vida de 85 personas en Buenos Aires.


Ahora, será el juez Daniel Rafecas quien decida si ha de darle curso a la investigación que solicita el fiscal. Rafecas acortará sus vacaciones de verano austral para regresar el próximo miércoles.


Rafecas habrá tenido tiempo estos días de leer la denuncia de Nisman. Tras la muerte del fiscal, el Gobierno decidió levantar el secreto del sumario y publicar en Internet las 290 páginas del escrito.


Desde el Gobierno se tachó a la denuncia de inconsistente y delirante, como si no hubiese sido escrita por un fiscal. Varios juristas reconocieron al diario La Nación que a la acusación de Nisman le costaría probar el delito de encubrimiento.


Algunos de los periodistas más críticos con el Gobierno reconocían en público que la denuncia era más floja de lo que habían pensado, que aportaba pruebas no muy contundentes y se basaba demasiado en recortes de diarios.


Pero Gerardo Pollicita ha estimado que hay suficientes indicios para sospechar que Cristina Fernández y los otros cometieron un delito. La mayoría de los dirigentes de la oposición hablaron de la “gravedad institucional” del momento y apelaron a que la justicia continúe su trabajo.