Correa


El presidente ecuatoriano propuso crear una Corte Latinoamericana de Derechos Humanos, a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, a fin de poder olvidarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.


En su tradicional cadena radial de los sábados, Rafael Correa expresó: “Está todo puesto para tener nuestro propio sistema de los derechos humanos porque básicamente… la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es corte Latinoamericana de los Derechos Humanos, porque Estados Unidos y Canadá, países anglosajones, no la han reconocido”.


“No tengo por qué ocultar nuestra ideas. Creemos que ese sistema en decadencia de la Organización de Estados Americanos, ese sistema interamericano dominado por Estados Unidos, es mucho más difícil corregirlo que reemplazarlo por algo nuevo, además que lo conveniente es tener nuestro propio sistema, un sistema latinoamericano”, agregó.


Destacó que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos están los mejores jurisconsultos de toda América Latina, “especialistas en derechos humanos, elegidos tras escrutinios muy rigurosos… Ellos sí juzgan y sus sentencias son de obligatorio cumplimiento en los países que hemos ratificado el Pacto de San José, 23 de los 35 países”.


“Quieren posicionarnos como si estuviéramos en contra de los derechos humanos. Estamos en contra de un sistema dominado por países hegemónicos y con graves contradicciones, insostenibles, impresentables”, añadió.


Esta semana, durante la Cumbre de la Celac, Ecuador donó un millón de dólares a esta Corte.


Acerca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, aseveró que “no es jurídica ni nada. Muchos de ellos, con contadas excepciones, van y vienen de fundaciones gringas de la misma argolla de ONGs, trabajan con una ligereza total, sin apego a los convenios internacionales, con filosofía de kermese (fiesta) de barrio”.


Opinó que aunque esa comisión tiene el deber de defender los derechos humanos, “se ha vuelto una primera instancia de juzgamiento y da medidas cautelares, para lo cual no tiene autoridad. Se ha convertido en una comisaría recibiendo casos de toda índole”.


Agregó que Estados Unidos, algunos países y ONGs europeas financian a la comisión para que “controlen a otros”.


Ecuador ha mantenido serias divergencias con la Comisión y especialmente con la relatoría de libertad de expresión, debido a que en esos organismos se han multiplicado las denuncias por presuntos abusos cometidos por el gobierno de Correa en este país sudamericano.


El presidente ecuatoriano, que se define como socialista del siglo 21, se encuentra en el poder desde enero de 2007 y si no se presenta a la reelección debe terminar su mandato actual en el 2017.