Bautista


Los abogados del senador por San Juan, Félix Bautista, acusado por supuestos actos de corrupción y lavado de activos, concluyeron ayer sus argumentos probatorios, solicitando al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, declarar auto de no ha lugar a favor de su defendido.


Demandan también rechazar la solicitud de prisión preventiva que había hecho el Ministerio Público, por entender que al senador cuenta con los arraigos suficientes de domicilio, además de que su condición de funcionario público le obliga a tener un alto nivel de permanencia en el país.


Juan Antonio Delgado, quien tuvo a su cargo presentar las conclusiones, expuso ante el Juez Alejandro Moscoso Segarra que, dada la actitud del senador durante la audiencia, no tiene la menor intención de sustraerse del proceso y de que acudirá a todo acto que le sea requerido.


En las conclusiones, de unos 13 puntos, el abogado pidió al juez declarar auto de no ha lugar la acción penal, por considerar que fue mal iniciada y mal perseguida. Alegó que el Ministerio Público no hizo una imputación de hechos precisos, sino simples especulaciones con vicios procesales, y citó una supuesta desconexión de los hechos de pruebas con el tipo penal que le atribuyen.


Delgado insistió en que en el caso hay una falta de descripción de los hechos, que no se indica la imputación ni cuando se cometió, que no es precisa, que está fundamentada en divagaciones, y que por tanto se debe declarar la inexistencia del desfalco que plantea la Procuraduría.


Delgado destacó que, dado que no existe una auditoría de la Cámara de Cuentas que audite la legalidad o no de las operaciones de Bautista durante el tiempo que dirigió la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la acusación de desfalco en contra del Estado no tiene elementos constitutivos.


Insistió también en que los hechos que soportan la acusación de la Procuraduría, son “idénticos” a los que ya habían sido juzgados por la propia Suprema Corte de Justicia, y sobre los cuales se había tomado la decisión de archivo definitivo y que, en tal sentido, se debe declarar la violación que hace el Ministerio Público al artículo 69 de la Constitución, que protege el principio de única acusación, es decir, que prohíbe la doble persecución por un mismo delito.


El abogado Delgado incluyó también en sus conclusiones una solicitud para que se levanten las actas de advertencia sobre los bienes del senador, pedido al que se opusieron los representantes del Ministerio Público, por considerar que era un hecho que no estaba dentro de los debates.


El Juez Moscoso Segarra, que dio un receso en ese momento de la audiencia, decidió dejar el incidente para dirimirlo más adelante.