haiti Diversos sectores del país demandaron ayer del gobierno dominicano impulsar acciones concretas respecto al caso del secuestro de la dotación consular dominicana en Anse-á-Pitre, Haití, el pasado 2 de enero, por parte de habitantes de esa comunidad, acción en la que unos siete dominicanos, entre ellos dos militares, estuvieron a punto de perder la vida.


Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Miguel Vargas, candidato y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y el jurista Juárez Castillo, consideraron por separado que el gobierno debe tomar acciones para enfrentar el problema.


El secuestro se produjo en protesta porque las autoridades dominicanas habían apresado a varios pescadores haitianos, al ser sorprendidos en aguas territoriales.


Abel Martínez consideró que es tiempo de que el país tome acciones más frontales para enfrentar el problema de la migración haitiana, a la vez que calificó el problema como preocupante, pues está desbordando los límites, por lo que llamó a la reflexión a los dominicanos.


“El flujo de haitianos ilegales diariamente hacia la República Dominicana continúa, eso añadido a cientos de miles de indocumentados que hay en la actualidad en el territorio dominicano”, dijo Martínez al ser entrevistado mientras encabezaba el acto inaugural del local del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM).


Mientras que el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo no explicarse que el gobierno dominicano no haya retirado a sus representantes diplomáticos en Haití, en protesta por el secuestro por parte de haitianos, de unos siete representantes diplomáticos dominicanos en el vecino país.


Castaños Guzmán sostuvo que frente a hechos de esa naturaleza y frente a la situación que se está viviendo en Haití, cualquier Estado ya hubiera retirado su misión diplomática.


De igual modo se refirió el candidato presidencial y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, quien consideró como una gran debilidad del gobierno dominicano la actuación con timidez y falta de firmeza en el caso. “Las autoridades debieron haber asumido una posición más apegada a nuestra defensa nacional, porque fueron diplomáticos dominicanos que fueron secuestrados, por lo que correspondía otra acción de parte de las autoridades gubernamentales”, sostuvo Vargas Maldonado.


A su juicio lo primero que debieron hacer las autoridades dominicanas fue emitir una nota de protesta ante el gobierno haitiano y la comunidad internacional y luego solicitar la presencia del embajador dominicano en Haití para fines de consulta.


Explicó que son temas y acciones que están contemplados en los procedimientos diplomáticos de relaciones bilaterales, como este caso entre República Dominicana y Haití.


En ese mismo sentido se refirió el jurista Juárez Castillo, quien calificó de insólito que el gobierno dominicano no haya tomado una acción firme con relación al caso.


“Un consulado o una embajada nuestra en el país en el exterior es una extensión de la República Dominicana, por lo que el hecho de que turbas la ocupen y secuestren a nuestro personal diplomático, incluyendo a militares, constituye una ofensa que en derecho internacional es una ofensa de guerra”, destacó el jurista.


Sostuvo que el Derecho Internacional, por acciones como la ocurrida en ese caso, permite hasta declaración de guerra, mientras que las autoridades del país, todavía es la hora que no se pronuncia de manera formal.


“Hace rato que el gobierno dominicano debió haber retirado todo nuestro personal de Haití, por un asunto, incluso, de seguridad de los propios empleados; a esa gente la pudieron haber matado y no se pueden retirar cuando haya dos o tres muertes”, dijo el jurista.


Sostuvo que en Haití no hay gobierno, y que lo que queda está dirigido por mafias, por lo que no entiende por qué la Republica Dominicana se está poniendo de mojiganga y no ha retirado ese personal de allá.


Castillo consideró que si el gobierno no actúa, el país tarde o temprano le va a sacar cuentas electorales, porque se está sintiendo totalmente indefensa.