BIENESEl presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, saludó el que la Cámara de Cuentas haya cumplido con su deber, al enviar para los fines correspondientes al Procurador General de la República, una relación de los funcionarios violadores de la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes.


Potentini informó que le fue prometido, al entregarle en las próximas horas el listado con los nombres de los 50 funcionarios enviados a la justicia, los cuales al día de hoy, pese a haberle concedido dos prórrogas consecutivas por 30 días cada una, no han cumplido con la ley. Explicó que tan pronto como Transparencia y Justicia reciba el listado lo entregará a la prensa para que lo difunda.


El jurista detalló que de conformidad con informaciones oficiosas recibidas del encargado de relaciones públicas de la Cámara de Cuentas, Paul Pimentel Blanco, reveló vía mensaje de texto que de un universo de 130 funcionarios hay 62 que no han entregado la declaración y solo 58 han seguido las instrucciones de la recién modificada ley que busca acabar con la corrupción administrativa y preservar la transparencia.


De los 62 que no han declarado sus bienes, hay 12 que están completando el expediente, los otros 50, a juicio de la FJT son los que quedarían fuera del amparo de la ley y consecuentemente sujetos a sometimiento penal ante la justicia.


Para la entidad de sociedad civil se debe velar por el cumplimiento de la ley 311-14, porque este es un instrumento para la lucha contra la corrupción y de hacerse el uso adecuado, podría haber una revolución institucional en el país en materia de transparencia.


Finalmente la FJT pidió al Procurador General de la República Domínguez Brito el proceder penalmente contra los infractores, solicitando además al Poder Ejecutivo su inmediata destitución, en los términos de la ley 311-14, la cual califica el incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes como una falta de tercer grado, castigada en la ley de función pública con la destitución del cargo y la inhabilitación de ocupar cargos públicos por 5 años.