cdihLa República Dominicana, en esencia su Estado, se plantea ahora un nuevo escenario, en el plano local e internacional, a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anula la adhesión del país a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo que había “zarandeado” a esta nación con una condena por supuesta violación de los derechos de inmigrantes y descendientes haitianos radicados en este lado de la isla.


El país pasa a un nuevo plano y las opiniones respecto a esta histórica decisión del constitucional dominicano, a partir de la noche de este martes, no se harán esperar, en tanto que ya las  mismas comienzan a ser tan disímiles como abundantes. Este nuevo escenario probablemente coloque a la República Dominicana y a sus instancias institucionales, en el escrutinio o cuestionamiento internacional, en particular por parte de los organismos internacionales.


En el plano local, se esperan manifestaciones de apoyo y de rechazo a esta inusual sentencia del TC, pero el tema, sin dudas, obligará a un debate prudente y profundo sobre la real legitimidad de la adhesión del Estado dominicano a la CIDH. Se espera que con cierta premura el gobierno se aboque a consultas de expertos en materia constitucional y de peritos en acuerdos internacionales, toda vez que la decisión del TC es inapelable.


Lo que decidió el Tribunal Constitucional


La República Dominicana no cumplió con los requisitos de su Constitución para firmar su adhesión a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), por lo que no tendrá que acatar las sentencias de ese organismo, determinó el Tribunal Constitucional (TC) del país caribeño.


La decisión del TC dominicano sigue al rechazo por parte del Gobierno local y otras instancias nacionales, de una reciente sentencia de la CorteIDH que condena al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.


El Tribunal Constitucional dominicano entendió que el acto del ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, en 1999, por el que se reconoce la competencia de la CIDH, “viola la Constitución vigente”, ya que, según su sentencia, esa adhesión no fue aprobada por el Congreso Nacional.


“Resulta, en efecto, de la mayor importancia que antes de adherirse a un compromiso internacional de cualquier índole, la República Dominicana verifique su conformidad con los procedimientos constitucionales y legales nacionales previamente establecidos”, acotó el TC. En ese sentido, consideró que esa verificación fue omitida con el ingreso del país a la CorteIDH, con lo cual se genera su inconstitucionalidad.


“Es decir, el Estado dominicano no ha de acumular obligaciones significativas hasta tanto los órganos correspondientes las aprueben a través de los procesos legitimadores requeridos por su Constitución y el resto del ordenamiento interno”, apostilló el Tribunal Constitucional.


El organismo, cuyas decisiones son inapelables, sentenció que la Constitución dominicana atribuye competencia al Congreso Nacional para aprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo, y este aún no ha conocido dicha membresía (del país a la CorteIDH).


La decisión adoptada por el TC dominicano se produce después  que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera la semana pasada a la República Dominicana que acate y convierta en un “elemento clave” de su legislación la sentencia de la CorteIDH.