decSANTO DOMINGO. Tras vencerse ayer el plazo, y sólo recibirse 19 declaraciones juradas de patrimonio, la presidenta de la Cámara de Cuentas (CC), Licelot Marte de Barrios, advirtió que son pasibles de destitución los funcionarios públicos designados, ratificados o cesados que no hayan hecho sus rendiciones acorde a la nueva Ley 311-14.


Indicó que a la nueva legislación debían acogerse 110 funcionarios, los cuales en su mayoría han incumplido. En un comunicado, la CC informó que ayer vencía el plazo para las declaraciones, las cuales debían rendir los funcionarios que no la habían presentado de conformidad con la derogada Ley 82-79, y quienes desde el 8 de agosto pasado quedaron amparados en la Ley 311-14.


“La Ley 311-14 plantea que los funcionarios deben de declarar sus bienes 30 días siguientes a su designación, ratificación o destitución. Tomando en cuen-ta el reducido número de declaraciones recibidas, y que la nueva Ley requiere pruebas documentales que conllevan un proceso para su obtención, la Cámara de Cuentas prolongó el plazo por 30 días más que vencieron este lunes (ayer) a las 4:00 p.m.”, señaló.


Precisó que “la Ley (311-14) establece que quien deposite ante la Cámara de Cuentas de manera tardía, es decir, fuera del plazo, su declaración jurada, será recibida y posteriormente enviada a la Procuraduría General de la República, para los fines correspondientes”.


Recordó que los funcionarios públicos obligados en esta oportunidad a presentar su declaración jurada de patrimonio que no obtempere dentro del plazo preindicado y omitiere algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, que conllevarían hasta su destitución, según sea el caso.


Marte de Barrios habló luego de recibir al Tesorero Nacional, Alberto Perdomo, quien en cumplimiento a la Ley 311-14 entregó 8,268 declaraciones juradas de bienes de funcionarios que se encontraban bajo su custodia. De esa cantidad 588 corresponden a funcionarios designados por el Presidente de la República a partir del 16 de agosto del 2012 hasta la fecha, y aquellos que continuaron en sus cargos, 863 corresponden a procuradores y fiscales, 22 jefes militares y 62 ex funcionarios.


La entrega fue realizada en presencia de representantes de la sociedad civil que sirvieron de testigos, entre ellos, Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción; Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia; así como de Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC); Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de PC y Samir Chami Isa, miembro del Consejo directivo de PC.


Más de 700 personas han leído el formulario electrónico para las declaraciones en el portal de la Cámara de Cuentas, 502 han leído el instructivo y 264 han descargado el formulario.


Sociedad civil critica falta interés de los funcionarios


El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y Julio César de la Rosa, presidente de Adocco, coincidieron en señalar que es preocupante el poco caso que hacen los funcionarios a las declaraciones juradas de bienes.


“Estamos ante una situación delicada, y yo creo que en esta ocasión el presidente Danilo Medina, debe separar de la administración pública a quienes no cumplan con la ley”, dijo Castaños Guzmán. Mientras De la Rosa señaló que “en este caso se pondrá de manifiesto la voluntad política del Presidente de enfrentar la corrupción, pues el no presentarse las declaraciones se contempla destituciones”.