senadoresTres senadores oficialistas se mostraron opuestos ayer a que se elimine el Fondo de Gestión Social (barrilito) del Senado de la República, como ya lo hizo la Cámara de Diputados, a través de su presidente, Abel Martínez.


El representante de San Cristóbal, Tommy Galán, defendió los RD$900 mil que recibe su oficina senatorial cada mes, recursos que señala son destinados a obras sociales para beneficiar a personas necesitadas de su provincia. Explicó que ese dinero no es girado a una cuenta personal, ni es un cheque que podría atribuirse como una remuneración a un legislador determinado.


“No sé por qué hay que cuestionar fondos que no son aplicados, como dicen, a criterios de clientelismos. Ahora, ahí hay sustentados en programas bastante interesantes que se han desarrollados en cada una de la provincia”, puntualizó Galán al ser entrevistado en el Congreso Nacional.


En tal sentido, sugirió a los medios o a quienes cuestionan la labor social que realizan los senadores en sus provincias con los recursos del barrilito, a realizar un descenso, en el caso particular en San Cristóbal, donde su oficina se ha convertido en un centro facilitador ciudadano.


De su lado, Reinaldo Pared Pérez, ex presidente de Senado, justificó la asignación a los senadores ya que mantienen abiertas oficinas de trabajo en sus respectivas provincias y que deben entregar facturas de los gastos que hacen del dinero que reciben mensual y porque de lo contrario no reciben la partida el mes siguiente.


“Es muy fácil hablar desde este punto de vista, pero hay que vivir en cada provincia el asedio al que son sometidos los legisladores, igual que los alcaldes, que desde que amanece van a pedir auxilio personas que necesitan. Lamentablemente, pero este es un país con demasiadas precariedades y la gente van donde los legisladores”, señaló el Senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional.


De su lado, la presidenta del Senado aclaró que la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar el barrilito, es respetada por los senadores. Cristina Lizardo Mézquita dijo que el Senado actúa en colectivo, pero que respeta la decisión de la Cámara de Diputados, a través de su presidente Abel Martínez Durán.


“El Senado como de costumbre, en el momento que así lo considera el colectivo, tomará su decisión, somos respetuoso sobre la decisión de una cámara y otra”, dijo. Mientras, Dionis Sánchez, de Pedernales, sugirió que más que dejar sin efecto el denominado “barrilito”, sería prudente que el Gobierno elimine los RD$200 mil millones anuales de exenciones fiscales.


“Si con eliminar este fondo social, se resuelven los problemas de este país, yo sería el primero que diría vamos eliminarlo, ahora con lo que sí resolvemos parte de los problemas de este país es con las exenciones fiscales”, expresó
Sánchez consideró que con esas facilidades tributarias, la República Dominicana podría hacerle frente a las dificultades del sector salud y atender las necesidades más urgentes de las diferentes comunidades nacionales.


“Ahora, aquí hay que hacer un gran pacto fiscal; Aquí hay que revisar la presión tributaria de un 14%. Un país con una presión tributaria de un 14%, que solo Guatemala está por debajo de nosotros, no puede sostener lo que está haciendo, no es posible. Los países que tienen un porcentaje establecido para Educación, necesariamente tienen que tener un porcentaje por encima del 24%”, manifestó.


Julio César Valentín


Contrario a sus compañeros de partido se pronunció el senador peledeísta por Santiago. Al respecto, Julio César Valentín calificó de responsable y popular la decisión de Abel Martínez de eliminar el barrilito, al tiempo que se mostró de acuerdo que el Senado y otras instituciones lo hagan de manera gradual.


“Yo propuse en una ocasión un proyecto de ley congelando y reitero la necesidad de que se congele y se elimine el porcentaje tanto de las cámaras del Congreso Nacional como de otras instituciones”, puntualizó. Adelantó que en un momento llegará el desmonte de barrilito, para que los recursos del Congreso Nacional se establezcan para fortalecer las funciones de elaboración de ley y de fiscalización de control.


Opinión del Gobierno


El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, también se refirió a la iniciativa de la Cámara de Diputados de eliminar el Fondo de Gestión Social. “Lo valoro muy positivamente. Quizás se dio el momento más oportuno y con la mejor justificación. Si la situación del Robert Reid fue un elemento motivador, qué bueno que lo fuera, porque esos fondos no podían tener mejor destino”, agregó el funcionario.


Núñez celebra decisión; pide al Senado imitar


Monseñor Agripino Núñez Collado también saludó la decisión de los diputados de eliminar el barrilito. El religioso dijo que brindar asistencia social es una función que no le corresponde a los legisladores. Núñez Collado subrayó que hasta el nombre del barrilito es denigrante para la Cámara de Diputados”. Asimismo, apuntó que esta decisión representa un reto para el Senado. Para Núñez Collado, el problema de salud no se soluciona con la inclusión de nuevos recursos, sino con la revisión de fondos de todo el sistema de organización y gerencias.


“Hay que estudiar el origen de los problemas”, enfatizó. Se recuerda que el pasado martes la Cámara Baja eliminó el barrilito, para destinar los recursos a los hospitales más necesitados.