suprSANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) visitó ayer a la Comisión Bicameral de Presupuesto que estudia el proyecto de ley de ingresos y gastos del Estado para el próximo año, a la que demandó una partida presupuestaria de unos RD$10,000 millones.


Mariano Germán Mejía no quiso abundar sobre las respuestas que le dieron los legisladores, pero dijo sentirse muy bien, “pues estaba entre amigos”, cuando los periodistas le cuestionaron sobre su sonriente rostro al salir de la reunión.


“Yo les traje una carpeta explicativa. Ahí están las necesidades básicas. Me oyeron, nosotros expusimos y vamos a ver ahora cuáles serán las respuestas”, comentó sin referirse al monto solicitado, que luego fue revelado por el presidente de la Comisión, el senador Tommy Galán. Al alto tribunal le fue asignada una partida del RD$5,222.2 millones. La petición de Germán Mejía significaría un aumento de 97.7% de lo asignado.


Galán dejó claro, no obstante, que en la actual fase la comisión sólo está escuchando a cada sector para luego sentarse a discutir, y ponderar cualquier decisión que asuman. Recordó que algunas partidas que solicitan entidades, pueden estar consignados en otras dependencias estatales, como es el caso de la construcción de obras, que aparecen en las asignaciones del Ministerio de Obras Públicas y la OISOE.


Junto al presidente de la Suprema, la Comisión también recibió a la directora de la Oficina de Defensoría Pública, Laura Hernández, quien, a su vez, pide que se le aumente el presupuesto de RD$559 millones a unos RD$815 millones.


Dijo que la situación de esa entidad es casi de colapso, debido a la sobrecarga de trabajo, falta de defensores, y que todavía faltan dos oficinas por abrir. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, Antonio Medina Calcaño, se unió a los reclamos de la Defensa Pública y solicita un aumento para esta entidad en el presupuesto del año 2015.


Revisarán error con TC


Galán dijo ayer que esa Comisión podría corregir el “error”, si es eso, en la asignación de RD$200 millones que supuestamente se le dieron al Tribunal Superior Electoral, cuando eran para el Tribunal Constitucional.