Marchena-El Gobierno rechaza cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado El Gobierno consideró anoche como inaceptable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al país por supuesta violación a derechos de inmigrantes haitianos entre los años 1999 y 2000 y reivindica el derecho que tiene como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales.


En una declaración oficial leída por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Poder Ejecutivo, además de rechazar la sentencia de la CIDH, reiteró su condición de estado soberano. “El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia del 28 de agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna,” señaló Rodríguez Marchena.


La declaración también señala que de la misma forma, sin que haya espacio a dudas, el Gobierno manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. Indica que este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano.


El Gobierno también reiteró su compromiso con el sistema interamericano, pero, advirtió que cualquier interpretación antojadiza del mismo, en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.


“Entendemos, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano”, señaló.


Asimismo consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal y puso como ejemplo de esto a la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación.


Rodríguez Marchena señaló que es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación. También enfatizó que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.


Explicó que esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones. Mencionó entre ellas la Organización Internacional para las migraciones y la Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el país.


La posición oficial del Estado dominicano sobre la sentencia del CIDH, indica que como parte de su convicción y compromiso con la protección de las personas, el Gobierno ha creado una unidad especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera línea.


Por otra parte, el Gobierno resaltó que desde hace casi un año el país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre ambas naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas.


Indicó que este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.


“Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habíamos trazado y que avanza por buen camino”, señala el documento leído por el vocero de la presidencia. Expresa que el deber del Gobierno, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.


Por todo lo anterior, el gobierno afirmó que sigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, pero partiendo siempre de la realidad social, política y económica del país. Considera que la hoja de ruta que se ha trazado es el camino adecuado para lograr construir un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.


Finalmente, el Gobierno recuerda que la separación de poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana. Manifiesta que fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010, la sentencia TC 168-13 y posteriormente la Ley No. 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional. En consecuencia, advierte que cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana.


Otros rechazos a la sentencia del CIDH


La sentencia 168/13 y otras medidas legales para regularizar el estatutos migratorio de los extranjeros que viven sin documentación en el país, provocó el rechazo de los principales partidos políticos del país, del Instituto Duartiano y varios juristas expertos en el tema migratorio y derecho internacional.


Igualmente, coinciden en que el fallo de esa corte no es vinculante a la República Dominicana debido a que el acuerdo no fue refrendado por el Congreso. Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) calificaron como una intromisión del órgano internacional intervenir en la política migratoria del país.


“Que se cansen de seguir condenando a la República Dominicana, pero el país tiene todo el derecho de repatriar a todos aquellos que se encuentren de manera ilegal, ese es un derecho que le asiste a la nación dominicana y al que nunca se debe renunciar”, declaró el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez.


El legislador también calificó de aberrante y prejuiciada la sentencia de la CIDH. “Las decisiones de la CIDH están prejuiciadas, “y por lo regular atentan contra la soberanía de República Dominicana”. De su lado, el presidente del PRD, Miguel Vargas, expresó rechazo rotundo a la sentencia de la CIDH y advirtió que la soberanía del país es innegociable.


“Ningún país, ni organismo internacional, ni tampoco ninguna Corte, tiene derecho a trazar pautas sobre nuestra Constitución y nuestras leyes en materia de migración y el régimen de extranjería”, dijo. Agregó que la decisión de la CIDH no tiene efecto jurídico ni es vinculante. “La sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no tiene efecto jurídico ni es vinculante con nuestra Constitución y nuestras leyes, toda vez que el artículo 93 de nuestra Carta Magna establece dentro de las atribuciones del Congreso Nacional, aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo”, explicó.


Vargas llamó al Gobierno a que asuma con mayor dignidad, responsabilidad, firmeza y gallardía, la defensa de la soberanía nacional. En tanto, El presidente del Centro Duartiano de Bonao, Santiago Batista, rechazó la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Estado dominicano por la supuesta violación los derechos humanos de ilegales haitianos. Expresó que toda nación soberana tiene el derecho y deber de regularizar la permanencia en su territorio de extranjeros, y cuando estos se encuentran de manera ilegal deportarlos a su país de origen.


Juristas rechazan fallo


Los juristas Juan Miguel Castillo Pantaleón y Juan Manuel Santos, rechazaron la sentencia y la calificaron como un atentado a la soberanía nacional. Castillo Pantaleón opinó que la sentencia es una muestra más de la “falta de tino y de sentido” de las autoridades de este país. Dijo que el Estado dominicano, de acuerdo a su derecho interno y a su Constitución, nunca ratificó el reconocimiento de la competencia de esa corte, por lo que los efectos no son vinculantes.


“Aquí el problema es que nosotros no tenemos autoridades, ahora mismo aquí lo que tenemos es una caricatura de gobierno, lo que acontece es que no hay sentido de nación en nuestro gobernante y en nuestras autoridades, no la tenemos”, enfatizó el jurista. Cuestionó que recientemente el Primer Ministro de Haití, Laurent Lamothe, haya dicho recientemente que el Estado dominicano tenía que prorrogar la Ley de Naturalización y el que el presidente Danilo Medina “inmediatamente pasó a endosar eso”.


De su lado, Santos, experto en derecho internacional y temas migratorios, sostuvo que la sentencia de la CIDH es la expresión concreta de la intención de ir creando las condiciones indispensables para triturar la soberanía de la República Dominicana.


Desde el punto de vista del jurista, lo que se está haciendo con la República Dominicana es obligarla a recular en sus derechos como Estado soberano y como sujeto del derecho internacional, para que “poco a poco se vaya imponiendo una situación de hecho en torno a la relación dominico-haitiana”.


Asimismo, consideró como inaceptable que la sentencia de la CIDH mande a reconocer la nacionalidad dominicana de un conjunto de personas, porque quien debe determinar a quién corresponde o no la nacionalidad es al derecho interno de los Estados.


Indicó que todo lo relativo al proceso de inscripción de nacimiento es prerrogativa del Estado dominicano. “Si bien es cierto que no debe ir en menoscabo de los intereses de ninguna persona nacional o extranjero, debe hacerse conforme al derecho interno”, apuntó.


Voces a favor del fallo


El Centro Bonó y los juristas Eduardo Jorge Prats y Nassef Perdomo son de los que consideran que el fallo debe ser acatado por el Estado dominicano. Para el Centro Bonó la sentencia de la CIDH es una oportunidad para que el Estado cumpla con su función esencial de proteger los derechos de todas las personas.


Pide la salida inmediata del país de la CIDH


El ministro de Integración Regional del gobierno dominicano, Miguel Mejía, acusó a la CIDH de entorpecer el buen desenvolvimiento entre los gobiernos de Haití y la República Dominicana. Dijo que si se quiere continuar por la senda de la normalización y regularización de las relaciones bilaterales con Haití, “esto no se logrará jamás bajo la espada de Damocles de instituciones como la CIDH” y propugnó por la salida del país de ese organismo.


Reacciones


Quien está gobernando aquí en materia migratoria no es el presidente Medina; los dominicanos no tenemos autoridades”. Juan Miguel Castillo Pantaleón
Jurista


Los dominicanos no podemos seguir cargando solos con el peso de los problemas de Haití y mucho menos a expensas del respeto a la soberanía” Miguel Vargas
Presidente del Prd


Propugnamos por la salida de un mecanismo falso, parcial y lesivo a nuestra soberanía como es la CIDH, de manera oficial, pública e inmediata”. Miguel Mejía
Funcionario