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Haiti.-  El ex presidente haitiano, Jean Bertrand Aristide, fue puesto bajo arresto domiciliario acusado de corrupción, informaron este miércoles las radios Metropole y Kiskeya, que citan fuentes judiciales.

 

Según las emisoras la decisión fue tomada el martes por el juez Lamarre Belizaire que sigue el proceso contra Aristide por supuestos delitos cometidos durante su último mandato (2001 a 2004).

 

Los medios indicaron que la casa de Aristide, ubicada en el norteño barrio capitalino de Tabarre, es vigilada por la policía y según el alguacil Max Henry Mathieu solo el juez determina quién puede visitar al ex jefe de Estado.

 

Según la orden de arresto emitida por el magistrado, el líder del partido Fanmi Lavalas y unos 30 de sus parientes y seguidores que integran la Fundación Aristide para la Democracia, son investigados desde el 5 de agosto.

 

La indagación comenzó después que el ex presidente y personas cercanas fueran acusadas de presuntos delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, lavado de dinero, extorsión y tráfico fármacos.

 

Aristide vive prácticamente recluido en su casa desde que regresó a Haití el 18 de marzo 2011, después de siete años de exilio en Suráfrica, pero aún sigue siendo una figura muy popular.

 

El mes pasado sus seguidores se enfrentaron a miembros de las tropas de paz de la ONU cuando eran reprimidos por protestar en las calles de esta capital contra su posible detención.

 

El lunes último otro juez, Sonel Jean François, vinculó a Aristide con otro proceso que es un caso denunciado desde 2012 por la Coordinadora Nacional de Víctimas de Cooperativas (CNVC), sobre fondos desviados entre 2001 y 2003.

 

La CNVC responsabiliza a Aristide de contribuir con el desvío de unos seis mil millones de gourdes (unos 150 millones de dólares) de las cooperativas, utilizados en gastos del gobierno del partido Fanmi Lavalas, entonces en el poder.

 

Los abogados de Aristide han apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que con estos procesos encaminados por jueces próximos al actual gobierno su cliente es objeto de persecución política.