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El Estado dominicano, a través de la Procuraduría General Administrativa, se mostró ayer de acuerdo con pagar el valor de los terrenos donde está el Aeropuerto Las Américas a una familia que los reclama, pero la instó a agotar el procedimiento contemplado en la ley 344 sobre expropiación para cobrar su precio justo y no mediante una acción de amparo.


La posición fue externada ayer por el procurador general administrativo, John Garrido, en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), durante el conocimiento de una acción de amparo, mediante la cual  los sucesores del finado Agustín Reyes O Ben  reclaman protección a su derecho de propiedad y piden se ordene la desocupación de la parcela.


Sin embargo, el representante del Estado, conjuntamente con la empresa Aeropuertos Dominicanos (Aerodom)  y la Comisión Aeroportuaria, solicitaron al TSA que declare inadmisible esa acción de amparo, por falta de calidad de los accionantes, por haberse vencido el plazo para interponerla y por ser notoriamente improcedente y por existir otra vía para hacer el reclamo, como es la jurisdicción inmobiliaria.


Entienden que desde que se emitió el decreto de expropiación de los terrenos, en 1955, la familia transfirió ese derecho de propiedad al Estado y que ahora solo procede que reclamen el pago por la vía ordinaria, no mediante una acción de amparo a través de una jurisdicción especializada.


Solicitaron, además, que en caso de que el tribunal no acoja ese medio de inadmisión, que  rechace la acción de amparo, por considerar que no ha habido vulneración del derecho de propiedad. El TSA se reservó el fallo de la acción de amparo sin establecer fecha.