atie


SANTO DOMINGO. La Torre Atiemar retoma lentamente el esplendor con que se concibió en el 2005, cuando se anunció su construcción.


Tras años de paralización por el conflicto judicial que involucró a su propietario original, Arturo del Tiempo Marqués, juzgado en España por narcotráfico, el edificio recibe los toques finales para su puesta en venta y entrega a los primeros adquirientes.


El Banco de Reservas, adjudicatario de la torre en razón de una deuda de US$15 millones que tenían sus promotores con la entidad financiera, ya terminó la reparación de pisos, persianas e instalaciones de aire acondicionado que resultaron deteriorados debido a los más de cuatro años paralizada desde su inauguración en el 2009.


Así le comentó a DL una persona relacionada a los trabajos de reparación, la que no quiso abundar en detalles.


Hasta el lobby del edificio, adonde se permite la entrada, se observa parte del mobiliario y artículos de decoración ya instalados. Este medio ha esperado por más de dos semanas una respuesta de la administración del Banco de Reservas sobre el estado de la construcción y comercialización del inmueble, pero todavía no se produce.


Sin embargo, uno de los propietarios de los apartamentos contó, bajo anonimato, que la entidad financiera prometió entregarlos en este mismo año, por lo que esperan recibirlos entre uno a dos meses. Indicó que sólo faltan detalles en algunos de los apartamentos.


Características de la torre


La Torre Atiemar, ubicada en la calle Pedro Henríquez Ureña, en el sector La Esperilla, tuvo su primer picazo en noviembre del 2005, en un acto encabezado por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández.


Del Tiempo Marqués, que en ese tiempo gozaba del prestigio social como empresario inmobiliario, habló del modernismo de la torre, que sería la primera de una inversión a largo y mediano plazo que realizaría en el país.


Con 19 pisos, la torre consta de 36 apartamentos de 450 metros cuadrados cada uno, a un precio por unidad de RD$45 millones, según se anunció al momento de la inauguración. Cada apartamento tiene tres dormitorios suite, jacuzzi, “walk-in closet”, salas de hasta 100 metros cuadrados, estudio, biblioteca, terminación en mármol, madera preciosa, cocinas de importación y vidrios de alta tecnología.


En las áreas comunes consta de piscinas, canchas de tennis y de squash, pista de jogging, jacuzzi, solárium, gimnasio y vestidores. La tecnología antisísmica también está presente en este inmueble, según anunciaron sus promotores originales, las empresas Prado Universal Corp. e Inmobiliaria P&P, de Arturo Del Tiempo.


Conflicto por droga


Aunque al principio atrajo a 15 propietarios, la venta de los apartamentos se vio interrumpida cuando en marzo del 2010, las autoridades españolas se incautaron de 1,200 kilos de cocaína, en un contenedor del buque Nordsea que salió del Puerto Caucedo, en el país.


Días después de la incautación, “Don Arturo del Tiempo”, como se le llamaba entonces, fue detenido como responsable del cargamento que iba en un contendor a nombre de una de sus empresas dedicada en el país a la exportación de materiales de construcción.


En medio de las investigaciones, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó el “secuestro” de la torre, designando como secuestrario al Banco de Reservas.


Al año siguiente, en febrero del 2011, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito ordenó la adjudicación al Banco por un monto de US$34.7 millones, a fin que pudiera cobrar la deuda.


La adjudicación se hizo en un proceso de licitación al que no se presentaron licitadores, y que previamente había sido pospuesto varias veces. Como condición del proceso, el banco debía reconocer a 13 de 15 propietarios que habían pagado por los apartamentos y, luego de cobrarse la deuda de los US$15 millones, entregar el dinero restante a la Unidad de Lavado de Activos, de la Procuraduría.


Durante el 2010, las empresas constructoras de la Torre fueron objeto de varias demandas. Por un lado, los supuestos socios de Del Tiempo que buscaban salvar su participación accionaria, y por el otro, los trabajadores en su construcción que pedían les pagaran sus prestaciones.


Más de 86 de esos trabajadores se lanzaron a las calles a protestar en reclamo del pago, e incoaron un recurso de embargo inmobiliario, rechazado después por la Corte de Trabajo del Distrito. Sin embargo, ese tribunal falló en septiembre de ese mismo año a favor de que las empresas Prado Universal y Grupo Inmobiliario P&P les pagaran las prestaciones laborales.