Armas


Las imágenes de agentes de policía locales con uniformes de camuflaje y apuntando con rifles de asalto a manifestantes como las que se repitieron durante las recientes protestas en Ferguson, Misuri, podrían tener los días contados.


El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado la revisión de los programas que desde los años noventa permiten a los cuerpos de policía locales y estatales hacerse con equipo militar que le sobra al Departamento de Defensa.


Esta práctica se justificó en su momento con la necesidad de que los agentes pudieran enfrentarse de manera adecuada a posibles narcotraficantes fuertemente armados y habitualmente violentos.


Tras el trauma del 11-S, se añadió la eventualidad de que tuvieran que responder ante una amenaza terrorista. Pero con el fin de las guerras de Afganistán e Irak y el creciente material militar excedente, algunas estaciones de policía locales han adquirido material del Pentágono —a través del denominado “programa 1033”— que, a simple vista, parece desproporcionado en un entorno civil, como vehículos antiminas, rifles de asalto o granadas aturdidoras.


Aunque organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) llevaban tiempo denunciando la situación, el detonante de la decisión de Obama ha sido Ferguson.


Allí, los manifestantes que protestaron por la muerte a tiros a manos de un policía blanco de un adolescente negro desarmado, Michael Brown, fueron duramente repelidos por agentes armados hasta los dientes, vehículos blindados y francotiradores apostados más propios de un campo de batalla que de la calle de una ciudad estadounidense.


Las declaraciones que Obama hizo la semana pasada sobre los disturbios en Ferguson, cuando anunció que enviaba a su fiscal general y hombre de confianza a Ferguson, Eric Holder, ya apuntaban a una revisión de esta práctica.


Parte de esta política ha sido “útil”, defendió el presidente. “Dicho lo cual” —acotó— “creo que es probablemente útil revisar cómo ha funcionado la financiación [de esta práctica] para asegurarnos de que se está comprando el material que de verdad necesitan, porque hay una gran diferencia entre nuestras Fuerzas Armadas y nuestros agentes de policía locales”, dijo. “Y no queremos que se confunda esa línea”, subrayó.


Fuentes oficiales dijeron a The New York Times que, entre los elementos a revisar, está tanto si el Gobierno debería seguir proporcionando este tipo de material —parte de los fondos para adquirirlo proviene de subvenciones proporcionadas por el Departamento de Justicia de Holder— como si las autoridades locales tienen “el entrenamiento adecuado para usarlo”.


Además, se estudiará si el Gobierno mantiene un control riguroso sobre el material entregado y la forma en que se usan estas armas.


También el Congreso —que fue el que aprobó en su momento el “programa 1033”— se dispone a estudiar esta práctica a su regreso en septiembre. La senadora por Misuri y presidenta del comité de la Cámara Alta que vigila los gastos y contrataciones del Gobierno, la demócrata Claire McCaskill, ha anunciado una audiencia con este motivo. En la Cámara Baja, el congresista también demócrata Hank Johnson pretende presentar un proyecto de ley para desmilitarizar la policía.