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El Poder Ejecutivo promulgó ayer con el número 311-14, la ley que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y designa la Cámara de Cuentas órgano de control, fiscalización y aplicación de esa norma.


La ley promulgada por el presidente Danilo Medina obliga a los funcionarios públicos a declarar sus bienes dentro de un plazo de 30 días luego de tomar posesión e igual período tras cesar en sus funciones.


Establece que aquellos funcionarios que no presentaren su declaración en el plazo establecido u omitan o falseen información sobre su patrimonio, serán penalizados con las sanciones previstas en la Ley 41-08 de Función Pública o con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central, de acuerdo con el caso.