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Corrupción y evasión, ilegalidad e impunidad sin sonrojo ni sanciones. Causa y efecto de la esterilidad impositiva, de la infuncionalidad del Estado, una responsabilidad compartida por las perniciosas secuelas, las repercusiones del no reembolso del dinero del fisco en el desarrollo del país, en programas sociales que eleven la calidad de vida de la población.


Funcionarios corruptos y contribuyentes evasores infringen la Constitución y las leyes tributarias, sustraen miles de millones de pesos al Estado, erosionando el patrimonio nacional.


Robo, dispendio y uso irracional de los fondos públicos desde las instancias del poder, provocando el rechazo del empresariado a pagar impuestos para que políticos venales se embolsillen un dinero que no han trabajado.


Los evasores delinquen por igual, no solo los que deben tributar y no lo hacen, también funcionarios que deben cobrar y no cobran, ya sea por sobornos o porque retribuyen favores de empresarios, sobre todo el financiamiento de campañas electorales.


Falsificación. Funcionarios corruptos y evasores apelan a la falsificación de documentos, a maniobras fraudulentas para no dejar rastros, encubrir el fraude valiéndose de trucos, argucias sin fin.


Funcionarios para justificar el desvío de fondos presupuestarios hacia gastos personales o sus cuentas bancarias e inversiones. Para ocultar en falsas declaraciones juradas de bienes los millones acumulados, las riquezas excesivamente subvaluadas.


En tanto, empresas y personas físicas recurren a mecanismos ilegales, adulteran información para no pagar o reducir el monto de gravámenes, presentan declaraciones falsas o inexactas, la doble contabilidad.


Contratan profesionales para falsificar datos, abultar o disminuir cifras, encubrir actividades económicas, parcial o totalmente ocultas, asentar compras, ventas y otras transacciones económicas con un significado distinto al real.


Recurren, además, a sobrevaluar o subvaluar mercancías para estafar a Aduanas, una práctica común no solo en empresas privadas, también en instituciones públicas, en compras, contratos y adjudicación de obras del Estado.


Ilegalidad. Independientemente de la motivación, de los escándalos de corrupción, de que se defiendan de la “voracidad impositiva”, o tan solo por la insaciable sed de hacerse cada vez más ricos, la renuencia a tributar es una grave infracción legal.


Al margen de la competencia desleal de la informalidad en perjuicio de la economía formal, pese al no retorno, a la ausencia o precariedad de los servicios públicos, sean cuales fueren las razones argüidas, con la evasión se cae en la ilegalidad, en un delito sancionado por el Código Tributario.


Fenómeno generalizado. La evasión tributaria constituye un fenómeno generalizado que no excluye a instituciones estatales.


Entidades del Gobierno central, autónomas y descentralizadas evadieron RD$2,300 millones en el último decenio por retención del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en sus compras, de acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).


Los montos globales de la evasión pública y privada son astronómicos. Se ha calculado que en un año solo declarando un tercio de las ventas, se dejó de pagar RD$25 mil millones únicamente en ITBIS.


¿Cuántos miles de millones venden industrias, almacenes, supermercados, colmados, farmacias, hoteles y restaurantes en un año? En busca de una respuesta, el Centro Juan Montalvo hizo un estudio sobre lo que podría ser el monto total de las ventas, arrojando un estimado de RD$1,376,029.3 millones.


¿Cuántos millones tendrían que pagar si se le aplica el 18% del ITBIS? ¿De cuánto sería la evasión total si se suma la del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Selectivo al Consumo, Aduanas y otros?


Esas evasiones merman el gasto social, multiplican la pobreza. Son responsables de la baja movilidad económica, de que menos del 2% de la población dominicana escalara hacia un estrato de mayor ingreso durante la década.


Proporción exigua, comparada con la media de 41% en América Latina y el Caribe, según el informe “Cuando la prosperidad no es compartida”, del Banco Mundial.


Aún cuando se espera mejoría en la regresividad -indica-, con los resultados de la Ley 253-12 de reforma fiscal en la DGII, responsable del 80% del recaudo nacional, al ubicarse en un 64% del total en el impuesto al consumo y 37% en el patrimonio y renta, solo en enero 2014.


El informe califica de complejo y regresivo el sistema impositivo, y recomienda poner límites a la evasión, además de reformas, pues penaliza a los que cumplen sus obligaciones tributarias y sacrifica a los más pobres.