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Veinte reclusos de la cárcel Najayo-Hombres, en San Cristóbal, serán beneficiados con un empleo en empresas del sector privado, según una disposición del juez de la Ejecución de la Pena de esa jurisdicción, basado en la Ley 224 Sobre Régimen Penitenciario.


La integración de estos reos a labores productivas es parte de unas ventajas ganadas por buena conducta durante su reclusión, sujeta a haber alcanzado, al menos, la mitad del cumplimiento de sus penas. Está sostenida por un proyecto motivador de las autoridades carcelarias y ejecutivos de empresas privadas. Estos últimos se han comprometido a ofrecerles un contrato de trabajo con todas las garantías legales.


El magistrado Willy de Jesús Mejía, juez de la Ejecución de la Pena, dijo que el proyecto pretende que cuando el interno esté cerca a obtener el beneficio de la libertad condicional empiece a experimentar identidad con la sociedad.


El juez Mejía dio la información al participar en una misa oficiada por el obispo auxiliar de Santo Domingo, monseñor Pablo Cedano, en la Catedral Primada de América, en ocasión del primer aniversario de la llegada del nuevo modelo a la cárcel de Najayo-Hombres, donde varios internos fueron acompañados de sus esposas, hijos y familiares.


La referida ley 224, dijo, “contempla cierto permiso y salida para aquellos que han tenido un comportamiento ejemplar y se han manejado de acuerdo al lineamiento del sistema penitenciario, por lo que en ese orden el sistema está trabajando de manera conjunto para tratar de implementarlo”.


Manifestó que los requisitos para que los privados de libertad puedan optar por este beneficio implica que se estén acercando a la mitad de la pena, tener un comportamiento ejemplar y que no haya peligrosidad con relación a beneficiarlo.


Sujetos a condiciones
Destacó que los internos no podrán trabajar en un bar o discoteca, ya que aunque  no hay una prohibición de la ley que le impida, no sería lo recomendable, ni prudente, porque de una u otra manera cuando se está hablando de un centro de diversión hay mucho riesgo que se incrementan, sino que está buscando dentro de la normalidad.


Aclaró que no hay riesgo con el referido proyecto porque hay un equipo de profesionales que están trabajando con los privados de libertad y que en la medida de que van pasando los años esas personas se conocen y que en caso de que se violente la disposición se revocaría la misma.


Con relación al tipo de delito que enfrentan los internos, el juez de la ejecución de la pena dijo que como se trata de un proyecto están tratando de que los delitos no hayan sido de tanta transcendencia, de que no haya sido un crimen tan atroz, pero que eso no implica que posteriormente se vayan a incluir en todo el sistema.