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Los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional  anularon ayer la decisión de un tribunal que declaró inadmisible el acuerdo entre el ministerio público y alrededor de 19 acusados de pertenecer a una red de lavado de activos y narcotráfico, liderada por los hermanos colombianos Huber Osvaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca.


El tribunal, presidido por el magistrado Eduardo Sánchez Ortiz,  adoptó la decisión, tras anular la resolución  del 30 de julio pasado dictado por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción, Patricia Padilla.


Asimismo, el tribunal integrado además por los magistrados Antonio Sánchez Mejía y Doris Pujols Ortiz fijó para este 25 de agosto a la 12:00 del mediodía la lectura integra de la sentencia.


De su lado, el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, saludó la sentencia dictada por el tribunal de alzada.


“Con este fallo, los  jueces de la Corte de Apelación, han dado un ejemplo de interpretación flexible y razonable para acoger los acuerdos abreviados en base al principio procesal y constitucional de solución del conflicto, como una resolución alternativa  de disputas y su trascendental aporte a restaurar la armonía social nacional e internacional del presente caso”, adujo Villalona.


Dijo que la misma debe servir de ejemplo y guía para que la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, se sienten en la mesa de trabajo Interinstitucional, y que el tema central promueva los lineamientos conjuntos de aplicación de medios alternativos para resolver conflicto.


Exhortó a priorizar este tipo de solución en los procesos de investigación y judicializados, para beneficio de la economía procesal, la humanización del proceso penal y por una pronta, efectiva y equitativa administración de justicia en el país.


Explicó que con la decisión de la jueza anterior se iba a ocasionar un perjuicio a los intereses legítimos del Estado Dominicano y por tanto, le impedía recuperar por decomiso bienes muebles e inmuebles valorados en más de 300 millones de pesos, donde se incluyen armas de fuego de todo tipo, joyas, vehículos, fincas, apartamentos, entre otros a favor del Estado Dominicano.