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SANTO DOMINGO. El recluso Marino Díaz (Gringo), declarado muerto por las autoridades penitenciarias desde hace más de un año, fue llevado a un tribunal y dispuesta su libertad durante un recurso de hábeas corpus.


El imputado había sido requerido en diez ocasiones por la Fiscalía del Distrito Nacional, a los fines de que comparezca a una solicitud de revisión de medida de coerción en el Cuarto Juzgado de la Instrucción, por la muerte de Cándido Emín López, el primero de marzo del 2013.


El hecho ocurrió en el sector Villas Agrícolas, cuando supuestamente el imputado y la víctima se enfrascaron en una discusión por una diferencia por la venta de batatas, frente a un puesto de expendio de vegetales.


El 19 de febrero del 2013, el juez de Atención Permanente del Distrito, José Alejandro Vargas, le impuso tres meses de prisión preventiva, con envío a la cárcel de La Victoria.


El 11 de noviembre del 2013, el juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Ramón Lambertus, fue apoderado de una solicitud de revisión de la medida de coerción.


Sin embargo, el tribunal declaró extinguida la acción penal “por la muerte del recluso”, luego que el tribunal pidiera a la Dirección General de Prisiones ofrecer información sobre el estatus del recluso.


En la resolución No.58-2013 del tribunal, Díaz figura como imputado de violación 50 y 56 de la Ley 36-65 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de María Altagracia Rosario Núñez.


El 28 de octubre del 2013, la Dirección General de Prisiones estableció que en sus archivos y el sistema de información electrónica, figura que el imputado se encontraba recluido en la cárcel de La Victoria, donde ingresó el 22 de marzo del 2013 por homicidio.


“De igual modo le informamos que dicho interno falleció en fecha 04/03/2013”, dice la certificación del director de Prisiones, Tomás Holguín La Paz, que el magistrado acogió como “buena y válida”.


La extinción de proceso por parte del magistrado originó que el recluso interpusiera un recurso de hábeas corpus, argumentando ilegalidad de la prisión.


El juez de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Teófilo Andújar Sánchez, dispuso su inmediata puesta en libertad, desde la sala de audiencias, por prisión ilegal.


La acción constitucional fue interpuesta por la defensa del recluso, compuesta por los abogados Rafael Ruiz Mateo y Lucas Mejía.


El abogado Porfirio Boció Peralta, quien representó a Prisiones en la audiencia, admitió que la certificación que se emitió consignando el fallecimiento del recluso fue errónea.


“El hecho es que no podemos negar la existencia de la certificación, pero en ningún caso ese error puede beneficiar a Marino Díaz”. Argumenta que el fallecido el 24 de febrero del 2013 es Mario Díaz.