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Más de 2,300 presos han salido de la cárcel en los dos últimos años sin haber cumplido la totalidad de la pena impuesta, al ser beneficiados con una libertad condicional, con un promedio estimado de 97 por mes.


Esta libertad fue otorgada a los presidiarios por los jueces de ejecución de la pena de nueve distritos judiciales del país durante el período 2012-2013.


La libertad condicional es un derecho que tiene la persona condenada por algún delito penal, mediante una sentencia firme o definitiva, de solicitar que el sistema de justicia le dé la oportunidad de terminar de cumplir en libertad la sanción que le fue impuesta.


Esta medida está contemplada en el Código Procesal Penal dominicano y en la ley 164-80 sobre libertad condicional.


Alrededor del  50 por ciento de las solicitudes presentadas por los condenados son aprobadas por los jueces de ejecuciÚn de la pena.


Mientras, se registran pocas revocaciones una vez otorgada, según dijeron Saulo Alexi Ysabel Díaz  y Richard Fidel Aquino Natera, jueces de ejecución de la pena del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo, respectivamente.


Ysabel Díaz estima que solo se revocan entre un cuatro y un cinco por ciento. Precisa que la revocación debe hacerse a petición del ministerio público y que la solicitud debe ser conocida en una audiencia.


“La responsabilidad de la vigilancia la tiene el juez de ejecución, pero el ministerio público le puede asistir en la vigilancia”, enfatiza Ysabel Díaz.  Aunque el juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional no tiene bajo su guarda ninguna cárcel, por lo cual no otorga ninguna libertad condicional,  tiene la responsabilidad de vigilar a las personas que se les otorga residentes en esa demarcación.


Aquino Natera expone que cuando una persona  que goza de una libertad condicional vuelve a delinquir se le revoca automáticamente. Sostiene que aunque la ley no lo prohíbe expresamente, en la práctica los jueces entienden que esa persona no esta apta para otra oportunidad.


Las decisiones que otorgan o rechazan la libertad condicional se pueden recurrir ante la Corte de Apelación.


En caso de ser negada, no hay límites de veces  para volver a gestionarla, pero con una condición, debe esperar  un espacio de tres meses a partir de la resolución reprobatoria, requisito exigido en el reglamento 296-05, que regula las funciones de los jueces de ejecución de la pena.


El magistrado Ysabel Díaz, quien además es coordinador general de los jueces de ejecución de la pena del país, dice que ese reglamento será modificado para limitar la cantidad de solicitudes que puede hacer un condenado.


“Porque hay reos que, por ejemplo, están condenados a 20 años y después que cumplen 10 se pasan los otros 10 solicitando libertad condicional,  sin reunir las condiciones ni aportar presupuestos suficientes”, apuntó.


Debilidades del sistema


La falta de herramientas para brindar una vigilancia efectiva a los beneficiados con una libertad condicional, para determinar si cumplen con los requisitos impuestos, es un punto de debilidad del sistema, en opinión del magistrado Ysabel Díaz.


Entiende que el juez de ejecución debe tener trabajadores sociales que hagan visitas al domicilio legal que se le fijó y al lugar de trabajo, para ver si está cumpliendo con los requisitos y evaluar su comportamiento.


“Debemos tener trabajadores sociales que nos asistan, porque ellos son los técnicos y profesionales que van a las viviendas o al barrio, o al lugar donde reside la persona que está cumpliendo una libertad condicional y le rinden informes al juez de ejecución”, planteó.


Ante esa debilidad, dice, se obliga al imputado a que acuda al despacho del juez de ejecución a firmar un libro de viligancia.


De su lado, el juez Aquino Natera enfatiza que la solicitud de libertad condicional tiene que tramitarla  el propio recluso a través de su abogado, porque no cuentan con herramientas para ir verificando el cumplimiento de la pena de cada uno de los favorecidos.


Plantea que los jueces de ejecución de la pena deberían tener un sistema que los alerte sobre el cumplimiento de las penas de los reclusos bajo su control, pero reconoce que eso implicaría tener más personal.


“A veces personas cumplen y si nadie moviliza ese expediente el tribunal no se entera, porque no tiene mecanismos, ni tiene personal, ni tiene logística, ni herramientas  para darle seguimiento a todos los casos, sobre todo con esta población carcelaria que tenemos se nos hace muy difícil”, apuntó.


Sostiene que si tuvieran algún sistema, podrían tramitar de oficio su libertad, ya sea condicional o definitiva, sin esperar que el presidiario lo haga.


Sin embargo, el juez de ejecución de la pena de la provincia Santo Domingo dice que sí disponen de mecanismos para vigilar a los que reciben la libertad condicional.


Explica que cuando se le otorga, dentro de las labores que se le asigna está realizar trabajos comunitarios, por ejemplo en la Defensa Civil, y si esa persona no se presenta, esa institución inmediatamente notifica al juez de Ejecución de la pena y al ministerio público de que no está cumpliendo con ese requisito.