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La procuradora especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, dijo que devolverán la mayoría de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a más de 60 instituciones centralizadas y descentralizadas, porque no encontraron elementos violatorios para sancionar penalmente a los funcionarios.Al ser entrevistada por la periodista Nuria Piera para el programa “Nuria Investigación Periodística”, que se transmite por NCDN, Canal 37, la funcionaria manifestó que “si efectivamente esas auditorías no cumplen con los parámetros para un proceso penal, simplemente deben ser devueltas conjuntamente con un comunicado a la Cámara de Cuentas, explicando los esfuerzos del Ministerio Público y los hallazgos que hemos encontrado de que no procede una investigación”.Precisó que la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tiene al menos 67 auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, pero que la mayoría fueron remitidas a la antigua Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y que en su gestión solo ha recibido siete.Pero no especificó cuántas de esas auditorías serán devueltas, tras precisar que primero tiene que verificar para dar un número exacto.Laura Guerrero fue enfática al aclarar que cuando se habla de 67 auditorías, no son que han llegado recientemente a la PEPCA, sino que se trata de expedientes acumulados de las últimas tres gestiones de la Cámara de Cuentas y precisó que desde el 17 de marzo del 2013, cuando entró en funcionamiento la PEPCA hasta la fecha, solamente han llegado siete auditorías.Principales escollosUno de los escollos que han encontrado en la PEPCA es que en las auditorías los investigadores lo que hacen son “unos levantamientos administrativos, una serie de informaciones descriptivas y realmente no tienen elementos conclusivos a la hora de establecer los indicios de responsabilidad penal” por violar algunas de las leyes de transparencia pública.


Dijo que eso se da porque son auditorías financieras y de gestión “que lo que hacen es establecer que lo ejecutado fue conforme a lo presupuestado, evidenciar si existen algunas faltas dentro de lo que es la gestión y las normas de contabilidad”. En ese sentido, insistió en que no son auditorías que realmente van enfocadas a los aspectos forenses de una investigación penal.Ante esa situación, señaló que en la mayoría de los casos terminan siendo faltas administrativas y que muchas veces les llegan auditorías hechas a períodos antiguos desde el 2008 hasta el 2013 y cuando van a la institución a investigar, “las pruebas, evidentemente están guardadas, distraídas y ya no tienen su efecto inmediato ni dan certeza”.