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SANTO DOMINGO.-La Asociación de Importadores de Armas de la República Dominicana definió hoy como “muy acertada y oportuna” la afirmación del Ministro de Defensa en el sentido de que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en el país son con armas ilegales y dijo que “eso obliga levantar la prohibición que nos impide importar ese tipo de artefacto”.


“El decreto 309-06, que prohibió la importación de armas de fuego, ha creado un amplio mercado negro, porque en este momento no hay ningún control alguno ni se supervisa a nadie”, dijo la entidad.


Los importadores de armas apoyaron las declaraciones del Almirante Sigfrido Pared Pérez, a los fines de que esa medida sea levantada por el Poder Ejecutivo.


“La sociedad dominicana, a partir de 2006,  se ha visto expuesta a un tráfico mayor de armas, esto como consecuencia  de que no es necesario agotar ningún procedimiento para un arma pasar de una mano a otra, distinto a lo que ocurría antes de ser emitido ese decreto”, agregó la entidad.


Manifestó que antes ser emitido el decreto una armería importaba y vendía  una arma, está “era registraba a  nombre del comprador, quien era sometido a un proceso de depuración vía las instituciones policiales y militares”, tras indicar que “la única forma que tenía el comprador de traspasar dicha arma a otra persona era agotando un proceso de traspaso en el que se depuraba al siguiente comprador”.


Sostuvo que las armas ilegales, “como no están registradas a nombre de nadie, pasan de una mano a otra sin mayores consecuencias, terminando usualmente en manos de delincuentes”, lo que la entidad describe como “altamente delicada para la seguridad nacional”.


“Una persona para defenderse a sí mismo o defender sus bienes  decide adquirir un medio de defensa como un arma de fuego y se ve obligado a tener que adquirirla ilegalmente por no existir otro medio legal. Eso está poniendo en riesgo a toda la sociedad, porque nadie tiene control de donde ésta dicha arma, a quien pertenece y donde va a parar”, declaró.


Manifestó que “las armas así adquiridas tienen un altísimo riesgo de terminar en manos de delincuentes porque los que las importan o compran terminan queriendo deshacerse de ellas por el mismo hecho de ser ilegales. Aún cuando quien en principio propiciará su importación fuera una persona de bien que solo quería un medio de defensa o disuasión”.


“Como sociedad hemos apostado a la prohibición y estamos pagando las consecuencias. Por lo cual reiteramos al Poder Ejecutivo que debe ser revocado dicho decreto permitiendo nuevamente a las armerías registradas importar y suplir el mercado regulado”, concluyó.