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SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto sobre declaración Jurada de Patrimonio, que establece penas de cuatro a 10 años de prisión para los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito.


También penaliza a los funcionarios que falsean datos en su declaración jurada, con prisión de uno a dos años y multas de entre 20 hasta 40 salarios mínimos.


La iniciativa fue aprobada en el Senado el 26 de abril pasado. Es de la autoría del Senador por Monte Plata, Charlie Mariotti.


Establece la obligatoriedad de presentar la declaración jurada de su patrimonio a los servidores públicos y en el caso de que no obtemperen, en los plazos establecidos en esa iniciativa u omitiera declarar algún bien, incurriría en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, consignadas en la Ley No. 41-08, de Función Pública.


Otras iniciativas


También, la Cámara de Diputados convirtió en Ley, al aprobar en única lectura, el proyecto que regula el envío de correos electrónicos comerciales “Spam” no solicitados.


La iniciativa busca regular en el territorio nacional el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas vía correos electrónicos, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor.


El proyecto es de la autoría del diputado Víctor Sánchez.


Ambas leyes deberán ser promulgadas u observadas por el Poder Ejecutivo.


Además, sancionaron en primera lectura el proyecto de ley que modifica la Ley número 480-08 sobre Zonas Financieras Internacionales.


Por otro lado, los diputados ratificaron un contrato de préstamo, suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de US$50,000,000.00 para ser usados en el Proyecto de apoyo al Plan Decenal de Educación.


Se refiere al segundo programa bajo la línea de crédito condicional para el financiamiento de proyectos de inversión (CCLIP), el cual será ejecutado por el Ministerio de Educación.


La iniciativa fue aprobada en el Senado el pasado 25 de junio, y había sido sometida por el Poder Ejecutivo 9 de abril pasado.