deuda


SANTO DOMINGO. En el Presupuesto Público del 2014, el Congreso autorizó al Gobierno a concertar préstamos para proyectos específicos por un monto de US$3,373.1 millones, y 7 millones de euros.


Las concertaciones de estos financiamientos tienen en común que se realizarían con la banca internacional (lo que se entiende como comercial), a un plazo mínimo de 7 años, y “a una tasa de interés y comisiones compatibles con el mercado”.


Ese monto no incluye el de la emisión de bonos globales, que por US$1,500 millones también autorizó el Congreso para el 2014. Entre abril y mayo, el Gobierno completó esta emisión a un plazo de 30 años, y a una tasa de interés de entre 7.45% y 7.5%.


Tampoco incluye la autorización para que el Ministerio de Hacienda emita títulos valores en el mercado interno y contratación de deuda con la banca local, por un monto de RD$33,614.4 millones.


Estos datos revelan que el Gobierno está autorizado por los legisladores para que, durante el 2014, concierte nuevas deudas por cerca de US$6,000 millones.


Una vez concertados estos nuevos financiamientos, se estipula que el Poder Ejecutivo remita, luego de firmados, “los contratos que surjan de las citadas operaciones de crédito público para la aprobación del Congreso Nacional”.


Así, en marzo pasado, por el Congreso Nacional pasó el proyecto de ley que autorizó la emisión de bonos globales por US$1,500 millones (ya emitidos), y la de los títulos del Ministerio de Hacienda.


Uno de los proyectos más relevantes para el Gobierno es el de la construcción de dos plantas de generación a carbón, que se construye en Punta Catalina, Baní, con una capacidad de 337.39 megavatios cada una.


En el Presupuesto, el Gobierno está autorizado a contratar con la banca internacional un préstamo por US$1,500 millones.


El 10 de julio pasado, Jeremías Santana, encargado por la CDEEE para los trabajos de la construcción de la central eléctrica informó que las gestiones para la contratación están “avanzadas”, y que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil, financiaría parte de la obra.


Sin embargo, entre los préstamos aprobados por el Congreso se incluye uno por US$33 millones para ser utilizados en el financiamiento del programa de Desarrollo Urbano y Hábitat Fase II, que será ejecutado por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). Ese financiamiento, y ese proyecto no están incluidos en el Presupuesto de 2014.